«Se resuelve la detención preventiva para estos 6 ciudadanos imputados por el Ministerio Público por el delito de asesinato y otros cargos penales», dictó la Juez séptima de Instrucción en lo Penal de El Alto, Ana Giorgina Dorado, quien en la madrugada del domingo envió a la cárcel de máxima seguridad de “Chonchocoro” al presidente de la Federacion Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani Copa, por la responsabilidad directa en el secuestro, tortura y asesinato del viceministra de Régimen Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes.

La relación de los hechos –leído por la magistrado- establece que los imputados en compañía de un centenar de cooperativistas mineros secuestraron al viceministro para llevarlo a la comunidad de Belén en el cerro Pucara (Pando) donde, con alevosía, ensañamiento y premeditación le quitaron la vida a golpes, hacia las 18:00 horas del jueves 25 de agosto.

La información oficial agrega además que “Dorado ordenó también poner tras de rejas de la misma penitenciaría, emplazada en el gélido altiplano boliviano, a 20 km de la ciudad de La Paz, a otros 4 dirigentes, sospechados de la autoría material e intelectual del crimen que tiene a Bolivia en estado de crispación”.

La magistrada también ordenó el encarcelamiento en la penitenciaría de Patacamaya, a 100 km de La Paz, del último de los dirigentes de Fencomin, aprehendido después de la muerte de Illanes, que según la información policial, la habrían perpetrado junto a él unos cien mineros.

Este domingo también se conocieron detalles del ajusticiamiento que hicieron al subsecretario Illanes. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el comandante departamental de Bomberos de La Paz, Carlos Ramírez, revelaron, detalles de la flagelación que sufrió Illanes por su captores. Lo obligaron a subir un cerro de rodillas hasta quedar fracturadas, luego lo lapidaron a pedradas y se descubrió un artesanal sistema de campo minado con cartuchos de dinamita instalados de tal manera que si hubiese llegado la policía a rescatar a la autoridad habría muerto más de 200 uniformados, según el análisis que entregaron a la televisora estatal boliviana.

«Tras una exhaustiva investigación la comisión de fiscales determinó la participación de los imputados en la muerte del Viceministro, en algunos casos en grado de autoría y en otros en grado de complicidad, por lo que la autoridad jurisdiccional falló por la detención preventiva, en apego a lo solicitado por el Ministerio Público», indicó el fiscal departamental, Edwin Blanco.

La audiencia que se inició pasada las 21:00 horas del sábado se prolongó hasta las 05:30 del domingo, en la que la juez resolvió las medidas cautelares contra Carlos Mamani, Carlos Castro Manuel, René Cochi, Roberto Durán, Silvestre Flores y a Julián Pinto Condori, este último al centro de reclusión de Patacamaya.

En la audiencia, la comisión de fiscales fundamentó la imputación sobre los luctuosos sucesos en el bloqueo instalado el pasado jueves en la localidad altiplánica de Panduro, a 186 km de La Paz, donde fue ajusticiado Illanes que quiso mediar en el conflicto desatado por los mineros cooperativistas que demandaban energía gratis para sus explotaciones al margen de la preservación medioambiental, además de adversar el derecho de sindicalización de sus trabajadores y, a contrapelo de la Constitución, autorización para suscribir de cuenta propia contratos con capitalistas foráneos.

En la audiencia exhibieron el certificado de defunción de Illanes que revela lesión de centros nerviosos superiores; lesión vascular y nerviosa; hemorragia subdural, subcranoidea; edema cerebral; traumatismo cráneo encefálico y politraumatismo facial, toráxico, genital y de extremidades.

En el marco de las investigaciones del hecho, la comisión de fiscales colectó declaraciones, actas de allanamiento, requisas y otros elementos de convicción que apuntan a los imputados como los presuntos autores de los delitos imputados.

La Juez valoró también los riesgos procesales expuestos por los fiscales, tales como: el peligro de obstaculización ya que los imputados podrán modificar, destruir y ocultar la prueba.

También se evidenció que los imputados pueden influir en las bases de mineros que se encontraban en el lugar de los hechos para que se comporten de manera reticente y declaren falsamente.

De acuerdo con la resolución de imputación, Mamani es acusado por los delitos «de asesinato; robo agravado; organización criminal; tenencia y porte o portación ilícita; y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, en grado de autoría».

Castro y Pinto fueron imputados por los mismos delitos, pero en grado de complicidad y en el marco de lo que establece la Ley 1970.