Haciéndonos eco de las masivas marchas ciudadanas del domingo pasado en contra de las paupérrimas pensiones que entregan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en esta ocasión hablaremos del Banco Santander y del grupo Angelini porque ellos, al contrario de la opinión que tiene la inmensa mayoría del pueblo, sí están felices con la institucionalidad creada por Pinochet pues así, por muchos años, han obtenido capitales frescos a un costo muy módico, con el cual lucran a destajo.
A continuación relataremos un caso demostrativo de que a veces “entre bueyes sí hay cornadas” porque ese banco español, con motivo de una operación inmobiliaria, le metió un gol olímpico a Angelini.
Pues bien, hace un año atrás Santander Asset Management, filial del Banco Santander, anunció la venta del terreno de 4.000 m2 que enfrenta, por un lado, a la avenida El Bosque Norte y, por el otro lado, a la avenida Isidora Goyenechea, sector El Golf, y del permiso de edificación Nº 40 del 10/04/13 en ese terreno, cursado por la Dirección de Obras Municipales de Las Condes a su otra filial, Inmobiliaria Mixto El Bosque SpA, al poderoso e influyente grupo Angelini por la suma de US$ 104 millones.
Después que se conoció la transferencia, un duende, de esos mismos que recurrentemente acuden a nosotros, nos indicó que existían razones fundadas para sostener que en la tramitación del permiso se habían cometido “equivocaciones” que favorecían al Banco Santander, las que no habrían sido detectadas por los profesionales, abogados y arquitectos, del grupo económico comprador, asunto que debía producir un cierto ruido en el proceso de análisis para valorar correctamente el precio de la operación de adquisición, ello para no correr riesgos ante la posible aparición de hechos no tenidos a la vista, práctica de auditoría conocida como due diligence
A nuestro desconocido informante le propusimos que nos juntáramos en un café cercano al edificio, indicándole que nos suministrara algunos documentos relacionados con el permiso, lo que fue fácil de obtener gracias a la existencia de la Ley de Transparencia. Intercambiamos opiniones, nos entregó copia de la documentación solicitada y comparándola con la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones como también con las normas urbanísticas contenidas en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes para ese sector, concluimos en escasos veinte minutos que dicho permiso era ilegal y que sus ilícitos a la vista eran insubsanables.
La prensa de negocios ha informado que el contrato está supeditado a la recepción final del edificio, la que está prevista para el próximo 30 de diciembre del año en curso y como habíamos concluido que la documentación entregada lo decía todo, a través de la Fundación Defendamos la Ciudad, le consultamos a la arquitecta Directora de Obras de Las Condes si el señalado acto administrativo firmado por ella estaba en orden. Su tardía respuesta fue afirmativa, con lo cual se evidencian 4 posibilidades, a saber : a) que desconoce la reglamentación, b) que es negligente, c) que intentó privilegiar al Banco Santander y d) que se confundió y por lo tanto cometió un error.
Pero como ya sabíamos que el permiso era trucho, con acopio de antecedentes, llevamos el caso ante el Seremi de Vivienda y Urbanismo, superior jerárquico técnico de la Directora de Obras, pues deseábamos que el permiso acogido a los privilegios urbanísticos que entrega la figura del Conjunto Armónico, tenía más de un “error”, ya que solo nuestra palabra no bastaba y era necesario que en Las Condes todos los actores inmobiliarios cumplieran las normas para que así operara en igualdad de condiciones la libre competencia.
Pues bien, dicha función del gobierno central emitió su oficio Nº 3755 del 20/07/16 dirigido a la Directora de Obras, con copia al suscripto y con copia a la Inmobiliaria Mixto El Bosque SpA, en donde se le instruye a la autoridad municipal que adopte las medidas necesarias para regularizar la situación, ya que el permiso en comento, torre comercial de 22 pisos, no se ajustaba a derecho y en tal sentido le expresó que ella debía actuar dentro del plazo de los 15 días.
Como observamos, en este episodio comercial el comprador, grupo Angelini, actuó con mucha desidia porque adquirió un permiso de edificación viciado que contempla un mayor coeficiente de constructibilidad (volumen) al admitido, lo que significa que, entre ambos directorios, deberán ponerse de acuerdo para fijar un menor precio en la transacción comercial, aparte de que el aludido Seremi deberá trasladar los antecedentes ante la Contraloría General de la República para que ésta inicie la instrucción de un sumario administrativo que tendrá como resultado una sanción en contra de la funcionaria que no supo hacer la pega.
También podría ser posible que el grupo Angelini firmó la operación a sabiendas que el permiso estaba mal cursado, con la perspectiva de que nadie se iba a percatar, ello para aprovechar a su favor el “error” municipal. No lo sabemos, pero si la Contraloría se anima y le pide al Ministerio Público que investigue la gestación y tramitación del negocio, se podría dilucidar si hubo connivencia y en este escenario tendría plena validez el dicho “Entre bueyes no hay cornadas”, muy distinto al título de esta columna.
