Puede gustar o no, pero si hay alguien que tiene algún grado de independencia para opinar y enjuiciar a moros y cristianos es Carlos Peña, el abogado y columnista de El Mercurio, que se ha transformado en una suerte de juez público que a través de sus análisis “sienta en su banquillo” a todos los protagonistas de la contingencia. Nadie, simplemente nadie se ha salvado de sus juicios y sentencias.
Peña, se refiere este miércoles a la querella presentada por Michelle Bachelet a través de su abogado, Juan Pablo Hermosilla, contra Revista Qué Pasa por la publicación impresa y no de internet en la que se hace referencia a su persona a través de una escucha telefónica que es parte de la investigación y está en manos de la Fiscalía. Para Peña “la querella aparece como una medida efectista que no le hará bien a ella ni al periodismo”.
Es importante destacar y reiterar que lo reproducido por Qué Pasa es la transcripción de conversaciones telefónicas interceptadas y no una invención del medio, cuestión distinta a lo que publicó, por ejemplo, el diario electrónico El Mostrador el 27 de agosto de 2015, en que aseguró que la Mandataria tenía serios problemas de salud sin citar fuentes o informes médicos que sustentaran dicha afirmación. En este sentido es mucho más ofensivo este artículo – a nuestro juicio- que lo publicado por la revista de Alvaro Saieh, que si podría tener cierto rasgo obsesivo al ser un medio que se ha focalizado en el Caso Caval que destapó.
La Presidenta nunca tomó acciones judiciales contra El Mostrador y sólo hubo una declaración e parte del Vocero de Palacio.
Ahora bien, Carlos Peña en su análisis sobre la querella contra Qué Pasa sostiene que “es obvio que en este caso hubo intención (bien o mal ejecutada, ese es otro problema) de dar a conocer información que se juzgó de interés público”.
Consultado sobre si se faltó a la ética (periodística) en este caso, Peña explica que “Desde el punto de vista de la ética periodística se trata de responder la siguiente pregunta: ¿Estuvo a la altura del oficio la revista al publicar esas declaraciones?, ¿hizo buen periodismo al obras como lo hizo? La respuesta a esa pregunta no les corresponde ni a los tribunales ni a la autoridad política, y por eso la querella es, desde este punto de vista, perfectamente inútil. La respuesta a esa pregunta debe ser dada por los propios medios, que es esta materia se autorregulan, o por las audiencias, que deciden creerle o no al medio. En la cuestión ética los tribunales y la autoridad política deben enmudecer. Eso es imprescindible para la libertad de prensa. De otro modo la cuestión ética se convierte en buen pretexto para controlar a los medios: un lobo con piel de oveja”.
Ahora bien “desde el punto de vista jurídico, cualquier persona es capaz de distinguir entre el acto de proferir las declaraciones respecto de la Presidenta (ejecutado por Juan Díaz) y el acto, distinto, de publicarlas (ejecutado por la revista Qué Pasa). Es evidente que el acto de publicar una declaración no es equivalente a adherir a su contenido. Por eso sorprende que la publicación de Qué Pasa sea materia de una querella. Algo así –un Presidente acusando a un medio de injuriarlo o calumniarlo- no se veía desde la época de la dictadura. ¿Acaso los medios deberán ahora cerciorarse de la verdad de todas las declaraciones antes de publicarlas para evitar ser objeto de querellas?, ¿acaso cometieron también delito los medios que publicaron o editaron las declaraciones relativas a Longueira o a Ominami? Evidentemente no. Ni en el caso de la Presidenta, no en los otros casos, ha habido delito, salo que se pruebe que hubo dolo, una intención directa y maliciosa de mentir. Pero atendido el contexto, es obvio que en este caso hubo intención (bien o mal ejecutada, ese es otro problema) de dar a conocer información que se juzgó de interés público. ¿O de verdad alguien piensa que los medios no debieron publicar las filtraciones de casos, como Caval o SQM, que han mantenido en vilo a la opinión pública en los últimos meses?
Consecuencias…
Sobre las consecuencia y escenario que podría abrir esta querella, Carlos Peña explica que “desde el punto de vista político ahora, le hará más mal que bien (a la Presidenta) y contribuirá a estropear más todavía su popularidad. La gente sabe espontáneamente que el daño que le ha causado el caso Caval no es culpa de las insidias de la prensa, ni de los excesos de los periodistas, ni de una conspiración. ¿Será necesario repetir quiénes son los involucrados en ese caso y la razón de por qué ha terminado salpicando a la Presidenta? La querella aparece como una medida efectista que no le hará bien a ella ni al periodismo. La Presidenta debe comprender que su alto cargo, en vez de conferirle inmunidades frente a la opinión pública, le impone servidumbres y confiar en que el juicio de los hechos pondrá las cosas en su lugar, en vez de agitar todo esto ante los tribunales pretendiendo dar lecciones a la prensa”.
“Es probable que esta reacción desmesurada de la Presidenta dañe el entorno en que se desenvuelve el oficio. Los editores y periodistas se verán tentados –pero estoy seguro de que no lo harán- de pensarlo dos veces antes de publicar información relativa a autoridades públicas. De ocurrir esto se habrá dañado la libertad de prensa que, como todas las libertades, está para ejecutar actos que incomodan al poder. Una sociedad abierta cuida la libertad de prensa, incluso para cometer errores, como hueso santo, porque esa es la única forma de hacer el escrutinio y controlar los actos de la autoridad pública.
