(*) Escrito por Ricardo Soberón, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) en Perú.

El electorado peruano definió en la primera vuelta del pasado 10 de abril entre dos opciones que pregonan el mercado, el libre comercio y la apertura a la inversión extranjera: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien en ese primer round se ubicó en primer lugar, con el 39,85 % de los votos, y Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio, PPK), que obtuvo el 21,01 %. La diferencia entre ambos candidatos no es económica, sino más bien ética, es decir, se basa en la forma como llegan al poder político y las perspectivas de ejercerlo. ¿Qué puede pasar hoy en el país?

Escenario A: retorno de Fujimori

De ganar el fujimorismo, la suerte estaría echada, pues ni la izquierda democrática ni la derecha tecnocrática habrían podido vencer al neofujimorismo representado por Fuerza Popular, ni su avalancha de dinero y de ofertas sin sentido hechas a mansalva, tanto a mineros informales, policías mal pagados, senderistas arrepentidos, como transportistas informales. El triunfo de Keiko Fujimori significaría que las investigaciones de la DEA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre varios representantes del clan, lejos de alejar al electorado, terminaron beneficiando a la candidata y a todo su entorno político.

El grueso de la población peruana, del campo y de la ciudad, habría decidido darle el poder absoluto en condiciones totalmente distintas y muy ventajosas de las que recibió su padre, Alberto Fujimori, en 1990. A diferencia del patriarca del clan, los retoños han aprendido toda la escuela del exasesor Vladimiro Montesinos, en el sentido de que todo tiene un precio. Tal como se ha demostrado en esta campaña electoral, con sospechosos financistas, tratos con la prensa, con el electorado y con los poderes fácticos del país (Iglesia, etc.).

En los años 90 todo se hacía desde las salas del Servicio de Inteligencia (SIN), con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En un probable gobierno de Keiko Fujimori, las decisiones corresponderían de forma coherente a esta forma clientelista desde todas las estructuras del Estado, con legitimidad y desparpajo, donde no existen límites éticos y los negocios lo son todo.

Hurgando en la lista de 73 congresistas de Fuerza Popular, el partido del fujimorismo que domina el Congreso peruano que asumirá funciones en julio, encontramos “perlas” antiguas y nuevas: Karina Beteta, investigada por presunto lavado de dinero, o Modesto Figueroa, con casos abiertos por financiamiento de minería ilegal y comercio clandestino.

Las posibles consecuencias del retorno del fujimorismo nos remiten a otros ejemplos del pasado. Siguen en la memoria de miles el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo en México, quien protegió al cartel de Juárez (1997), o el del dictador García Meza y el coronel Arce Gómez, en Bolivia, acusados de proteger los envíos de cocaína al exterior (1982), el del general Manuel Antonio Noriega en Panamá (1989), o incluso los serios problemas de aislamiento internacional que tuvo que pasar el presidente Ernesto Samper en Colombia por el denominado Proceso 8.000 (1994).

Si Perú se convierte en un narcoestado, enfrentaría múltiples consecuencias. En primer lugar, un gobierno fujimorista puede poner en riesgo la continuidad de la cooperación internacional para temas globales, como la lucha contra las drogas o la guerra contra el terrorismo.

Como segunda consecuencia, podría perjudicar la relación con países vecinos o con Estados Unidos, que adelanta investigaciones policiales y financieras sobre el entorno del grupo político de Keiko Fujimori. En los tramos finales del actual gobierno del presidente Ollanta Humala, la aprobación de la ley que permite el derribo de aviones sospechosos de transportar drogas tensionó las relaciones con Washington (todavía recuerda el error del 2001, cuando la Fuerza Aérea peruana derribó una avioneta con pasajeros civiles).

En tercer puesto están las consecuencias en el mundo comercial. Un gobierno fujimorista puede ser objeto de sospecha financiera y política.

Escenario B: triunfo de Kuczynski

De ganar el candidato Pedro Pablo Kuczynski (PPK) —algo que, según las encuestas, es menos probable, aunque no imposible, por las adhesiones de última hora que recibió con la única intención de detener el avance del fujimorismo—, el país tiene asegurada la continuidad del modelo de promoción del libre comercio, de la apertura y de la convocatoria a las inversiones, principalmente mineras, con una relativa capacidad para reconducir la senda del crecimiento económico, lo que redundaría en una relativa tranquilidad para las centrales de riesgo e inversionistas locales.

Se trataría del triunfo de una derecha tecnocrática que, en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico, ofrece fundamentalmente la receta tradicional del “garrote ciego”, de la reducción de la oferta y el énfasis en la erradicación forzosa de cultivos de coca.

En una situación en que los procesos de reforma abundan en esta parte del hemisferio, no es nada nuevo ni prometedor, con los mismos costos de siempre: predominio policial militar, desborde del sistema criminal, mucha corrupción y crimen organizado boyante.

Pero un posible gobierno de Kuczynski no escapa a una serie de problemas y fragilidades propias del resultado de la primera vuelta del 10 de abril, en la que solamente ganó en la segunda ciudad del país, Arequipa.

En el Congreso, PPK cuenta solamente con 18 parlamentarios (de un total de 130, dominado por los 73 congresistas fujimoristas), lo cual deja a su agrupación en la imperiosa necesidad de tender puentes con el fujimorismo. Los posibles escenarios de PPK no son nada fáciles. Primero, sería un gobierno extremadamente débil, pues carece de fuerza política en el Congreso y cuestiones fundamentales, como el programa de gobierno, leyes fundamentales, la aprobación de gabinetes ministeriales, entre otros.

Segundo, PPK estaría obligado a tender alianzas con otras fuerzas políticas —entre ellas el Frente Amplio, primera fuerza de oposición en el Congreso—, que le garanticen estabilidad y la continuidad de su propuesta.

Pero además, teniendo una escasa presencia política en el interior del país, las posibilidades de un gobierno de PPK de concertar en un escenario complejo son reducidas. La mayor cantidad de conflictos sociales en el Sur (que mayoritariamente votó por la candidata de izquierda Verónika Mendoza) tienen una connotación socioambiental.

Estos definirán la confrontación político-social del país y podrían poner en jaque a un gobierno asentado en la Lima virreinal.

El dilema de Perú es grande. Los dos escenarios dejan abiertos caminos de incertidumbre para el país. En ambos casos la nación atraviesa por mayores o menores riesgos que afectarán la estabilidad, el futuro de los grandes proyectos mineros y, en últimas, la convivencia de los peruanos.