“No fue por efecto de la naturaleza sino por imprevisión”. Las palabras del ministro del Interior, Jorge Burgos, fueron directo a Costanera Norte, la autopista que cruza de oriente a poniente Santiago y cuyas obras a la altura del puente Lo Saldes, en Las Condes, terminaron generando el desborde del Río Mapocho y numerosas críticas por el impacto de no prever el efecto de las lluvias.
Sin embargo, se han ocasionado críticas por muchos lados buscando si existen responsabilidades compartidas. El Ministerio de Obras Públicas, quien fue puesto en entredicho por una supuesta falta de fiscalización, negó este punto, ya que la entidad señala que se envió un oficio del Inspector Fiscal de Explotación, el cual fue enviado al Gerente General de la Sociedad Concesionaria Norte, fechado el 12 de abril de 2016 advirtiendo que la situación actual de acopio de materiales y maquinarias podría conducir el agua precipitada a las cotas más bajas, que constituyen los pasos inferiores y la Costanera Norte propiamente tal, asunto que ocurrió. Además instruye a tomar las medidas necesarias para que la conducción de la aguas no alteren la operación normal de la ruta; asunto que claramente no ocurrió.
Hoy la pregunta importante para los afectados es qué tipo de daño sufren las estructuras afectadas, luego de esta supuesta negligencia. El Director de la Escuela de Obras Civiles y Construcción de la Universidad Central, Alejandro Torres señala que “Los daños más considerables a las infraestructuras es que no se pueden utilizar, es decir, no pueden otorgar el servicio para lo cual fueron construidas, por un periodo de tiempo. Ejemplo claro de lo anterior es el cierre de Costanera Norte y la Avenida Andrés Bello. Por otro lado, el daño colateral provocado a los habitantes y locatarios del sector, que ven seriamente perjudicadas sus viviendas y fuentes laborales, debido a la imposibilidad de utilizarlos por varios días y las pérdidas en mobiliario y equipamiento. Respecto de los sedimentos secos que afloran una vez que se evapora el agua, estos son enviados como material en suspensión a la atmósfera (debido al paso de los vehículos, por ejemplo), empeorando la calidad del aire que todos respiramos. En cuanto a los daños estructurales, éstos deben determinarse con un estudio técnico posterior; sin embargo, podrían causar daños superficiales a las pinturas o recubrimientos”.
Pese a los antecedentes, el académico de todas maneras manifiesta que existe una deficiente o nula planificación urbana en Santiago lo que ha provocado que“crezca de manera desproporcionada, lo cual hace que la respuesta ante situaciones de emergencia como la vivida este fin de semana, sea muy compleja de abordar desde el punto de vista de los medios disponibles (personal cualificado, equipamiento, etc.) como en los tiempos de respuesta, recordando que esta situación fue el principal detonante para que la ciudad de Santiago funcionara a «media máquina» el día lunes, con la consecuente pérdida para el país y sus habitantes (sobretodo los directamente afectados) por la poca producción en un día laboral”.
Finalmente Alejandro Torres concluye: “Creo que la Coordinación de Concesiones del MOP, a través de su Inspección Fiscal, realizó su trabajo, yendo a terreno y oficiando tomar las medidas para evitar que las aguas siguieran su curso hacia los puntos más bajos como los pasos inferiores y la Costanera Norte (como lo dice textual en el documento); si luego de ello, la empresa se desentiende de esta instrucción, la primera responsabilidad es de la empresa. Hay que considerar que estos trabajos lo realizan instituciones de mucho prestigio nacional e internacional, por lo cual difícilmente podríamos considerar que una instrucción del tenor que se le realizó no iba a ser ejecutada. Ante la magnitud de lo que se estaba previendo, se debería haber ejecutado lo instruido, no creo que haya que estar encima de la empresa para que cumpla con lo oficiado por escrito, recordando que en el papel son empresas serias, altamente cualificadas y socialmente responsables”.
