En medio del debate constitucional impulsado por el gobierno, el ex ministro del TC Jorge Correa, se pregunta con razón ¿Si los distintos actores que pretenden ser parte de este proceso han intentado, con voluntad, esfuerzo y dedicación, buscar un diagnóstico de las causas de la crisis que el país está viviendo?
Dar una respuesta acertada a esta interrogante, permitirá no sólo resolver la crisis de legitimidad institucional que enfrentamos ,sino que también dar una respuesta a la demanda inmanente de nuestra sociedad: la necesidad de perfeccionar nuestra democracia.
Para eso debemos tener claro el rol de una Constitución, y no adicionarles expectativas que no corresponden a un proceso de esta naturaleza. Es a través de las reglas del sistema democrático, que tenemos que ser capaces de darle sustento a un diálogo constructivo que permita el perfeccionamiento de la democracia.
Las Constituciones están llamadas a limitar eficazmente el ejercicio del poder; evitar que el Estado sobrepase ciertos límites, mediante la protección de los derechos de las personas y, a través de ello, establecer un orden procesal, mediante las cuales las diferencias que emergen en toda sociedad plural se puedan resolver en el futuro.
No se trata de imponer un orden económico y social determinado, sino que de colocar las bases para que se resuelvan los conflictos intergrupales de una sociedad, a través de mecanismos que permitan alcanzar el diálogo y el consenso entre los distintos actores.
Algunos movimientos sociales, demandan una asamblea constituyente, en la que esperan tener mayor capacidad para movilizar a los que asumen a la Constitución como un mecanismo capaz de construir un nuevo orden político, económico y social. Si bien el derecho a la educación, la vivienda, la salud, pueden ser protegidas normativamente, como lo está actualmente, su garantía efectiva será el resultado de un buen gobierno, del grado de desarrollo y prosperidad de una nación.
En las próximo elecciones presidenciales y parlamentarias, las visiones de la sociedad, se harán presente en el debate constituyente, lo que es positivo, siempre y cuando tengan claro todos los sectores el verdadero objetivo de una Constitución, y no se generen expectativas irreales. La Constitución debe proteger a los ciudadanos de las conductas arbitrarias, de quienes ejercen los poderes públicos: gobierno, parlamento, poder judicial.
Como lo advierte Huntignton, la institucionalización del sistema político, nace de la credibilidad social y ésta emana de los resultados que día a día le permiten al ciudadano de a pie, comprobar lo importante que resulta preservar las libertades y derechos de los miembros de la sociedad para alcanzar sus propias metas.
Una democracia de calidad, como señala Morlino, es aquel orden institucional estable que permite la realización de la libertad e igualdad de los ciudadanos, a través de instituciones y mecanismo adecuadamente funcionales.
Y esa condición supone seis requisitos exigentes, que deben estar presente dentro de este proceso constituyente, ya sea para lograrlos, perfeccionarlos o consolidarlos:
1) Estado de derecho
2) Rendición de cuentas o accountability electoral
3) Rendición de cuenta institucional
4) Participación
5) Competencia partidaria y
6) Reciprocidad entre el gobierno y la sociedad, que se expresa en la satisfacción de los ciudadanos y de la sociedad civil frente a la capacidad de respuesta del gobierno.
Esa es la oportunidad que tenemos y debemos ser capaces de aprovechar.
