La aplicación móvil de servicios de transporte Uber comenzó a funcionar en la tarde de este martes en Buenos Aires, pese a que para el gobierno porteño el servicio no está autorizado y «opera al margen de la ley», por lo que analiza realizar denuncias penales contra la empresa. El estreno generó la inmediata reacción de los gremios de taxistas que salieron inmediatamente a protestar e hicieron 11 cortes de simultáneos de calles generano un verdadero caos vial en la capital argentina.
“Estamos muy felices de haber llegado a Buenos Aires», anunció este mediodía Mariano Otero, director de Operaciones de la aplicación en Argentina, y afirmó que desde UBERr saben que «la aplicación va a ser un éxito rotundo».
A las cuatro de la tarde de este martes el servicio que ya contaba con 20.000 conductores anotados y quedó disponible para ser usado por cualquier persona que previamente descargue la aplicación -para iPhone o Android- e introduzca los datos de su tarjeta de crédito, informó la compañía en la Capital Federal.
La empresa fundada en el California en 2009 y que funciona en más de 400 ciudades de todo el mundo comenzó su operaciones pese a no contar con autos autorizados y estar al «margen de la ley», según afirmó el ministro de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez.
Entre los puntos que el funcionario cuestionó está que los autos que usa Uber «al no ser vehículos autorizados no pueden contar» con el seguro específico que se requiere para los servicios de transporte, por lo que el Ejecutivo local va «a seguir trabajando con los controles y un equipo está evaluando el marco legal» para eventuales sanciones, afirmó.
Voceros de la Secretaría de Tránsito porteña aseguraron que el Gobierno analizaba con su equipo de abogados realizar denuncias penales contra la firma estadounidense por entorpecimiento del tránsito y por defraudación y fraude a la administración pública.
«La presentación por entorpecimiento del transporte público de pasajeros sería por la circulación sin la debida licencia ni autorización de automóviles que ocupan las calles y levantan pasajeros que le pertenecen a otras empresas que sí están funcionando en forma legal», dijo un vocero del organismo.
Según detalló, la denuncia por fraude a la administración pública «sería porque Uber no tiene número de CUIT y evade así impuestos, al margen de que tampoco tiene autorización para funcionar».
«Pretendemos que el transporte público sea seguro y Uber no le exige seguro contra accidentes ni la VTV a los vehículos que contrata, son un montón de cosas que hacen que Uber esté fuera de la ley», completó.
Por su parte, la empresa consideró que su servicio es legal ya que se ampara en el artículo 1280 del Código Civil y Comercial, que establece «la figura del contrato de transporte. En base a este código, una persona puede transportar a otra a cambio de un pago», según precisó en un comunicado.
«UBER, en su rol de intermediario tecnológico, es la aplicación que permitirá conectar a dos particulares (usuario de un lado, socio del otro), haciendo de este contrato de transporte ya contemplado por una ley nacional algo escalable, seguro y eficiente», indicó.
