A petición de la bancada del PS,  el Instituto Igualdad entregara una propuesta para suprimir un artículo de la ley de impuesto específico a la minería, además de otro documento que sirviera de base para impulsar una comisión investigadora sobre la tramitación de leyes en las que, según diversos antecedentes, podría existir alguna injerencia de SQM, Penta y Corpesca.

Las firmas para esta última ofensiva serán recolectadas las próxima semana, mientras que el proyecto se ingresará el martes a la Cámara.

En el texto se plantea derogar el artículo cuarto transitorio de la ley de royalty, que autoriza el acceso al régimen de invariabilidad tributaria para empresas no receptoras de aportes de inversionistas extranjeros. Se trata del acápite que, de acuerdo a Ciper, habría beneficiado directamente a SQM. Esto, luego de que en 2010 el entonces gerente general de la minera, Patricio Contesse, le enviara al entonces senador Pablo Longueira un mail con una propuesta sobre la materia, que después fue incorporada casi íntegramente en el proyecto del gobierno de Piñera.

En la propuesta socialista se admite que el aumento del impuesto a la minería era necesario para financiar la reconstrucción tras el terremoto. Y también se plantea que la extensión del beneficio de la invariabilidad tributaria era adecuado para las empresas extranjeras que operan en Chile. Esto, como una forma de compensación e incentivo para que continuaran sus operaciones en Chile.

Sin embargo, el documento dice que la situación es distinta para las empresas nacionales: “No había necesidad de generar incentivos para que los explotadores nacionales accedieran a tributar en las nuevas tablas de tasas del impuesto específico a la actividad minera, pues ninguno de ellos mantenía contratos vigentes con el Estado relativos a la invariabilidad de los tributos, razón por la cual quedarían sujetos a las normas generales sobre tributación”.

Así, plantean que “esto quiere decir que se fabricó un beneficio a la medida de ciertos explotadores chilenos, como SQM Salar y SQM Nitratos, utilizando argumentos falaces y aprovechando la premura en la tramitación de una norma imprescindible en la obtención de recursos para la reconstrucción, para procurar el enriquecimiento de ciertos grupos económicos”.

La ofensiva fue ampliamente discutida en el almuerzo del socialismo, sobre todo porque se suma a la intención del PC de anular la Ley de Pesca, cuya iniciativa fue declarada admisible por el presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez, pero que fue cuestionada por la oposición, sectores oficialistas y el propio gobierno. De hecho, Osvaldo Andrade -quien asumirá en la testera de la corporación el 25 de marzo- planteó en la conversación dudas sobre la admisibilidad, aunque se cuadró con la idea de impulsar la propuesta.

El diputado Marcelo Schilling, quien propuso esta iniciativa, dijo que “el proyecto lo presentaremos como bancada, pero ya tenemos más apoyos en la Nueva Mayoría”. Y agregó que “ojalá el gobierno se hiciera cargo de esto, porque el descrédito nos afecta a todos”.

De hecho, el jefe de bancada y vicepresidente del PS, Manuel Monsalve, ya consiguió respaldos de otros partidos, como Pepe Auth (PPD) y Marcos Espinoza (PR).

El diputado Daniel Melo explicó que “existen antecedentes que evidencian que el entonces senador Longueira cedió a presiones indebidas del empresariado minero, otorgándoles privilegios inaceptables”.

En todo caso, aún no hay claridad sobre quién terminó incorporando lo que propuso Contesse en el proyecto del gobierno de Piñera.

En paralelo, los diputados PC Daniel Núñez y Hugo Gutiérrez presentaron ayer un proyecto similar, pero que no busca derogar el cuestionado artículo del royalty, sino que apunta a anularlo.

Según abogados expertos en la materia, la diferencia está en que la primera alternativa no tienen un efecto retroactivo, mientras que la anulación -que no está contemplada en la legislación chilena- sí lo tiene. Así, en este último caso las mineras podrían exigir que se les respete la invariabilidad tributaria hasta 2025, judicializando el asunto. Por eso, en el oficialismo hay quienes ven que esa ofensiva sería inadmisible, a diferencia de la que impulsa el PS.

El proyecto, en todo caso, contó con el respaldo de Karol Cariola y Lautaro Carmona (PC), Juan Luis Castro y Daniel Melo (PS), Gaspar Rivar (Ind.) Loreto Carvajal y Cristina Girardi (PPD).