«Las condiciones de vida de Punta Peuco deberían ser de todas las cárceles de Chile», sostuvo el capellán coordinador de la pastoral carcelaria de la Región Metropolitana, sacerdote Enzo Lara, respecto del informe de la Corte de Apelaciones que dio cuenta de las condiciones «inhumanas» en las que viven los presos de las cárceles en Chile.

En entrevista con Radio Cooperativa, el religioso admitió que en el centro de reclusión preventiva y de cumplimiento penitenciario especial para violadores de derechos humanos «hay una mayor precaución para que los reos vivan en mejores condiciones».

En esa misma línea, el capellán de Gendarmería, Luis Roblero, declaró que es un tema que ya lo conocemos, ha habido varios informes previos. No trae novedades, la novedad es que se repite lo mismo».

«Al estudiar el tema, uno empieza a tomar conciencia que la cárcel es un espejo de unos grupos que están también marginados, estigmatizados. Aquí la cárcel es un espejo de la vida de muchos chilenos todavía», concluyó.

¿Qué dice el estudio?

“Las cárceles serán diseñadas, construidas y equipadas por las concesionarias y prestarán servicios de alimentación, salud, educación, rehabilitación y reinserción social”, asegura en el año 2000 el entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez.

La situación no ha cambiado mucho: el infierno de la marginalidad que se vive, respira y sufre al interior de los recintos sigue teniendo como tinte la brutalidad que genera la delincuencia.

Una delincuencia que estalla en los barrios abandonados de Santiago, en que campean los tiros y terror cotidianos, hacia la entrada a una purga social justa, donde hombres y mujeres del ‘lumpen’ podían reencontrarse con la dignidad y decencia humanas de una oportunidad, de un consuelo, de una reinserción social.

El programa de infraestructura penitenciario ya adelantaba este anhelo por una sociedad más justa: un modelo mixto en que intervienen tanto privados como el Estado bajo la Ley de Concesiones y que comenzó su proceso de adjudicación en 2002 y donde se prometía que diez recintos funcionarían bajo esta modalidad y lo que es más importante con 370 mil metros cuadrados de edificación y una capacidad para 1500 seres humanos.

Finalmente solo fueron ochos- quedaron pendientes los de Talca y Santiago 2- Lagos inauguró la primera el 22 de noviembre del 2005 en Rancagua, operada por la empresa Sodexo, que constituía una iniciativa pionera en Latinoamérica con una inversión total de US$ 280 millones de dólares, en el 2007 se realizó la gran inauguración de Santiago 1, todas ellas con una gran infraestructura que serían la solución al hacinamiento de la ex penitenciaría.

Un año después era un punto negro para el sistema de las concesionadas, superando su capacidad, lo que le ha representado a la prisión Santiago 1 y la empresa Vinci una catarata de multas ‘diarias’ por sobrepoblación y ver su contrato duramente cuestionado.

El informe dado a conocer ayer realizado por la Comisión de Visita de Cárcel de la Corte de Apelaciones de Santiago que revisó 13 recintos penales detalla la falta de servicios públicos y la inseguridad en la que habitan no solo los reos, sino también el personal de gendarmería en Santiago 1, “las condiciones inhumanas en la que habitan los reclusos en la mayoría de los centros revisados” asegura el informe incluyendo también las cárceles del Estado.

La realidad de estos nuevos reclusos que señala el informe del Poder Judicial contrasta con las promesas de las concesionadas y del resto de prisiones: los prisioneros reclaman que reciben la comida fría y el pan semi congelado, comen con la mano, reciben la cena a las 17:00 hrs de la tarde y no les dan nada más de comer hasta las 9 de la mañana del día siguiente.

Conclusión: el comisionado declara que ver esto “atenta contra la dignidad humana”, que se suman a los flagrantes incumplimientos por parte de la compañía ya que el informe señala que hay espacios sin luz y que los prisioneros se ‘cuelga’ desesperada de terminales de luz eléctrica mediante instalaciones hechizas que “junto con el agua apozada en los recintos configuran una amenaza real y latente de muertes por electrocución”.

Así que el penal “modelo” del gran Santiago, la cárcel Santiago 1, en vez de proveer con ejemplares casos de rehabilitación y dignidad humanas es un escenario dantesco de tragedia humana y de la mantención de la esclavitud sobre la tierra.

No se ha olvidar que la apuesta de Chile en esta materia da para un examen sociológico pues en vez de apostar por la intervención social y de superación de la pobreza en sus comunas y ciudades ha apostado por la internación y segregación.

“La muerte de 81 vidas el alba del 8 de diciembre del 2010 en la cárcel de San Miguel entre gritos y horror, llamas, humo y calor fue la señal más evidente y dolorosa de que nuestros presos merecían una preocupación profunda pro su dignidad-que les habíamos negado-y una respuesta a sus derechos humanos pisoteados”, según declaró la Revista de la Defensoría penal pública.

Hizo hincapié la misma publicación que “Chile es el país que más presos tienen en América Latina con alrededor de 318 por cada 100 mil habitantes”.