A través de un reservado correo electrónico enviado en enero, miembros del equipo anticorrupción estadounidense pidieron al jefe regional de Valparaíso, Pablo Gómez, conocer los antecedentes que el Ministerio Público ha recabado en la causa SQM, en la cual se persiguen delitos tributarios y presunto financiamiento irregular a políticos.

La razón del contacto entre ambos organismos surge del interés de las autoridades norteamericanas de analizar las evidencias obtenidas en nuestro país, y así decidir si iniciarán una indagatoria que determine si existen o no delitos bajo las normas de EEUU.

A la fecha en Estados Unidos no hay una causa penal abierta en contra de la minera no metálica. Allí sólo existe una demanda presentada por accionistas minoritarios de SQM en la corte del Distrito Sur de Nueva York, por los efectos financieros que tuvo en los tenedores de American Depositary Shares (ADS, acciones de SQM en la bolsa neoyorquina) la causa penal seguida en Chile, y por la cual el ex gerente general de la compañía, Patricio Contesse, fue formalizado. Es por esta razón que el acercamiento del organismo de justicia estadounidense toma especial relevancia para las autoridades chilenas.

Según informa La Tercera, el fiscal Gómez aseguró que “en la fiscalía contamos con la Unidad de Asuntos Internacionales y Extradiciones (Uciex) y con ellos vamos a tratar este requerimiento internacional y vamos a poder trabajar en manera conjunta con ellos en lo que sientan que es necesario”. Agregó que “existe una voluntad de la fiscalía de colaborar con la entrega de antecedentes”.

Adelantándose a los hechos

Como una forma de anticiparse a eventuales consecuencias en Estados Unidos, la empresa SQM contrató al estudio de abogados norteamericano Shearman & Sterling y pidió un informe privado para determinar si la compañía realizó pagos definidos como “corruptos”, o si incumplió disposiciones contables del Foreign Corrupt Practice Act (FCPA), ley en Estados Unidos que se “aplica a la compañía como emisora de valores en el mercado estadounidense”, detalla un hecho esencial enviado por SQM el 15 de diciembre de 2015 a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Este informe, que durante nueve meses analizó más de 930 mil documentos, concluyó que no existía evidencia de pagos con el fin de inducir a funcionarios públicos a actuar o abstenerse de hacerlo con el objetivo de ayudar a la minera no metálica a obtener beneficios económicos, pero enumeró 10 potenciales riesgos de sobornos relacionados con personas expuestas políticamente. Producto de las presuntas irregularidades detectadas en la empresa, SQM efectuó tres rectificaciones tributarias ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), por US$ 14.747.125  en seis años.

La contabilización completa incluye 1.425 pagos corregidos y 223 proveedores únicos rectificados.

Los montos más altos se registraron en 2009, año de elecciones presidenciales, y 2012, periodo de comicios municipales.