81 páginas resumen el trabajo que por casi nueve meses hizo el estudio de abogados estadounidense Shearman & Sterling y que presentó el 15 de diciembre pasado al comité ad hoc de directores de SQM. El reporte fue remitido por la empresa a la SVS y el Ministerio Público, el que decretó su reserva.

El escrito detalla el proceso de investigación desarrollado y resume en varias láminas los hallazgos en tres materias: controles internos, pagos cuestionados y evaluación de los riesgos de soborno.

La Tercera informa que para elaborar el informe, Shearman & Sterling se apoyó en el estudio chileno Grupo Vial/Serrano y en la multinacional de servicios forenses FTI Consulting; recopiló 3,5 millones de documentos, revisó más de 930 mil y entrevistó a 24 personas. El ex gerente general, Patricio Contesse, se negó a testificar.

SQM ha realizado tres recitifaciones tributarias ante el SII, por un total de US$ 14.747.125 ($ 7.129 millones) en seis años. La contabilización completa incluye 1.425 pagos corregidos y 223 proveedores únicos rectificados. Los peak se alcanzaron en 2009, año de elecciones presidenciales, y 2012, año de municipales. Y ha pagado nuevos impuestos por US$ 9,6 millones en total.

El reporte lista los 20 proveedores top rectificados. Entre los 10 primeros aparecen sociedades vinculadas a Luis Saldías (asesor de Julio Ponce); Cristián Warner (ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami); Sebastián Piñera; Giorgio Martelli; Cristina Bitar; Marcelo Rozas; Carlos Ominami y Pablo Longueira (ver página 4). Entre el número 10 y el 20, Shearman & Sterling vincula a otras sociedades o emisores con políticos como Claudio Eguiluz, Marcelo Rozas, Adolfo Zaldívar y Andrés Allamand.

El 96,81% del total de los pagos rectificados fue aprobado por Contesse. La investigación de los estadounidenses no contó con la colaboración del ex gerente ni incluyó entrevistas o documentos de políticos.

Para el análisis forense, FTI analizó los pagos a 16.906 proveedores de SQM desde 2008 y luego limitó su búsqueda a un número de 515. Más tarde, FTI identificó a 236 proveedores para una revisión prioritaria, quienes aparecieron vinculados con 159 Personas Políticamente Expuestas (PEP). Finalmente, la investigación más detallada se concentró en 26 políticos asociados a 67 proveedores con pagos totales por US$ 5,8 millones.

Partidos: La repartición de «la torta»

El reporte, como informó SQM el 15 de diciembre, concluye que no se encontró evidencia de pagos con el fin de inducir a funcionarios públicos a actuar o abstenerse de hacerlo con el objetivo de ayudar a SQM a obtener beneficios económicos.El estudio norteamericano se abocó a analizar las irregularidades en el marco de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y no bajo la legislación chilena.

El estudio sí concluye que ciertos pagos pudieron haber sido motivados por el deseo de tener la benevolencia de políticos hacia SQM o el propio Contesse. Ciertos políticos ligados a los pagos estaban en posición de influir en los negocios de SQM, agrega el bufete.

En su página 53, la presentación de Sherman & Stearling dice que si bien los pagos fueron dirigidos a políticos y candidatos de los principales partidos políticos en Chile, a lo largo de todo el espectro, el mayor número está ligado a la UDI, con más de 50 dirigentes y candidatos asociados de alguna manera a los desembolsos de la minera. Entre ellos, se incluye, dice el reporte, a 4 candidatos presidenciales, 6 senadores, 12 diputados y dos ministros de Sebastián Piñera.

Se atribuye afiliación partidaria de los políticos vinculados a los pagos en la siguiente distribución:

El 45% está ligado a la UDI, el 11% a RN, otro 11% a la DC, 10% al PRI, 8% al PS, 7% al PRSD y 3% al PPD.

Los 10 casos analizados

En su tercera parte, el informe se concentra en el detalle de diez emisores. El primer caso analizado es el de Pablo Wagner, quien era subsecretario de minería cuando el gobierno de Piñera licitó nuevos derechos del litio. En agosto de 2012, una ejecutiva de SQM envió un mail a Contesse informándole una conversación con Wagner. Este le habría dicho que la solicitud de Contesse ya estaba resuelta. El reporte no encontró otra conexión con el proceso de licitación.

El segundo caso analizado es el de Fulvio Rossi. El reporte idenfitica a tres proveedores asociados al senador: Mariela Molina (con pagos por $ 43 millones), María Valentina Martínez ($ 20 millones) y René Madariaga ($ 16 millones). Todos ellos eran asesores de Rossi y facturaron a SQM en 2009, año de campaña electoral.

El informe sigue con Jaime Orpis, quien recibió los mayores aportes en dos fundaciones cuyos pagos no han sido objetados.

A Pablo Longueira, los abogados estadounidenses lo ligan con más de 20 supuestos proveedores que recibieron más de $ 730 millones entre septiembre de 2009 y marzo de 2015. Es el monto más alto.

El informe también alude a los DC Roberto León (ver recuadro) y Marcelo Rozas, el contador Luis Saldías, el abogado Roberto Guzmán, y finaliza con Giorgio Martelli y Cristian Warner.

Sobre Martelli, se enumeran los $ 246 millones recibidos por Asesorías y Negocios en 2012 y 2013.

Y sobre Warner, el informe atribuye a su empresa ingresos, por parte de SQM, por $ 420 millones entre julio de 2009 y enero de 2014. SQM ha rectificado en ese caso, dice el informe, $ 391 millones.