Una jornada compleja para la UDI. Este jueves volvieron a salir a la luz hechos relacionados con aportes de dineros ilegales a miembros de sus filas.

Caso BCI

En abril de 2015, el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) acudió al Servicio de Impuestos Internos (SII) con el fin de rectificar declaraciones de  tributos realizadas en años anteriores, corrigiendo el pago de impuestos por boletas y facturas de 14 emisores ligadas a políticos.

En la lista de documentos rectificados sin respaldos están los de Juan Masferrer, ligado a la UDI, ($11 millones en 2013); el ex concejal UDI, Gustavo Alessandri ($ 5 millones en 2010) y Carmen Soza del Río, ligada a la Fundación Jaime Guzmán ($ 5 millones de 2013).

Según los montos ligados a Golborne, estos ascenderían a $112 millones: $ 20 millones facturados por VSA y $92 millones pagados a Vox Comunicaciones.

También figura el caso del ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, con dos empresas rectificadas, Ases La Manada e Inversiones  y Asesorías  ZB Ltda. por $ 32 millones y $ 7 millones respectivamente. El presidente del banco, Juan Enrique Yarur, declaró ante los persecutores el 13 de enero pasado desconocer la razón por la cual fueron aclarados esos montos, asegurando que el ex edil le proporcionaba asesorías personales.

También está el caso del diputado de Evópoli, Felipe Kast, socio de Marne SPA -empresa inactiva- que facturó en 2014 $ 15 millones. Según versiones del banco, el servicio consistió en un informe sobre indicadores económicos cuyos respaldos existen. De hecho, Marne pidió al BCI autorización para divulgar el estudio realizado.

Del mismo modo está el Centro de Investigaciones Sociales, de la familia del cientista político Gonzalo Müller, esposo de la diputada UDI María José Hoffmann: $ 12 millones en 2013, cuyos servicios se habrían prestado y habría respaldos.

También figura la rectificación de boletas de René Hormazábal, ligado a la UDI, pero que es funcionario del banco: $ 5 millones entre 2008 y 2011.

Caso SQM

81 páginas resumen el trabajo que por casi nueve meses hizo el estudio de abogados estadounidense Shearman & Sterling y que presentó el 15 de diciembre pasado al comité ad hoc de directores de SQM. El reporte fue remitido por la empresa a la SVS y el Ministerio Público, el que decretó su reserva.

El escrito detalla el proceso de investigación desarrollado y resume en varias láminas los hallazgos en tres materias: controles internos, pagos cuestionados y evaluación de los riesgos de soborno.

El reporte, como informó SQM el 15 de diciembre, concluye que no se encontró evidencia de pagos con el fin de inducir a funcionarios públicos a actuar o abstenerse de hacerlo con el objetivo de ayudar a SQM a obtener beneficios económicos.El estudio norteamericano se abocó a analizar las irregularidades en el marco de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y no bajo la legislación chilena.

El estudio sí concluye que ciertos pagos pudieron haber sido motivados por el deseo de tener la benevolencia de políticos hacia SQM o el propio Contesse. Ciertos políticos ligados a los pagos estaban en posición de influir en los negocios de SQM, agrega el bufete.

En su página 53, la presentación de Sherman & Stearling dice que si bien los pagos fueron dirigidos a políticos y candidatos de los principales partidos políticos en Chile, a lo largo de todo el espectro, el mayor número está ligado a la UDI, con más de 50 dirigentes y candidatos asociados de alguna manera a los desembolsos de la minera.Entre ellos, se incluye, dice el reporte, a 4 candidatos presidenciales, 6 senadores, 12 diputados y dos ministros de Sebastián Piñera.

Se atribuye afiliación partidaria de los políticos vinculados a los pagos en la siguiente distribución:

El 45% está ligado a la UDI, el 11% a RN, otro 11% a la DC, 10% al PRI, 8% al PS, 7% al PRSD y 3% al PPD.

Los 10 casos analizados

En su tercera parte, el informe se concentra en el detalle de diez emisores. El primer caso analizado es el de Pablo Wagner, quien era subsecretario de minería cuando el gobierno de Piñera licitó nuevos derechos del litio. En agosto de 2012, una ejecutiva de SQM envió un mail a Contesse informándole una conversación con Wagner. Este le habría dicho que la solicitud de Contesse ya estaba resuelta. El reporte no encontró otra conexión con el proceso de licitación.

El segundo caso analizado es el de Fulvio Rossi. El reporte idenfitica a tres proveedores asociados al senador: Mariela Molina (con pagos por $ 43 millones), María Valentina Martínez ($ 20 millones) y René Madariaga ($ 16 millones). Todos ellos eran asesores de Rossi y facturaron a SQM en 2009, año de campaña electoral.

El informe sigue con Jaime Orpis, quien recibió los mayores aportes en dos fundaciones cuyos pagos no han sido objetados.

A Pablo Longueira, los abogados estadounidenses lo ligan con más de 20 supuestos proveedores que recibieron más de $ 730 millones entre septiembre de 2009 y marzo de 2015. Es el monto más alto.

El informe también alude a los DC Roberto León  y Marcelo Rozas, el contador Luis Saldías, el abogado Roberto Guzmán, y finaliza con Giorgio Martelli y Cristian Warner.

Sobre Martelli, se enumeran los $ 246 millones recibidos por Asesorías y Negocios en 2012 y 2013.

Y sobre Warner, el informe atribuye a su empresa ingresos, por parte de SQM, por $ 420 millones entre julio de 2009 y enero de 2014. SQM ha rectificado en ese caso, dice el informe, $ 391 millones.