El equipo negociador para terminar el conflicto armado colombiano elevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la solicitud de una misión política que actúe como mecanismo de verificación de los acuerdos en lo que corresponde al cese al fuego y la dejación de armas. Esta decisión constituye un hecho trascendental al afirmar el compromiso político de las partes en la consecución del acuerdo final y quiere enviar un parte de tranquilidad a los sectores aun escépticos frente a la transparencia del proceso y a la capacidad de respuesta a los desafíos que implica el post conflicto.
Esta decisión representa también un giro en la forma en que Colombia ha interpretado la forma de llevar su agenda de paz y seguridad al escrutinio de la comunidad internacional. Hasta el momento, la diplomacia colombiana habia sido renuente a entrar a ser parte de la agenda del Consejo de Seguridad. De ahí que por ejemplo, resoluciones como la 1325 relacionada con el tema de «Mujer, paz y seguridad» no hayan sido reconocidas por Colombia pese a contar con los instrumentos legales y políticos que dan respuesta a sus contenidos. No obstante ahora, se quiere dar un salto cualitativo al presentar al Consejo de Seguridad un esquema propositivo que no solo fortalece al país en su diálogo diplomatico sino que invita a proyectar un modelo de resolución de conflictos en el que la ONU, el gobierno colombiano y las FARC tienen competencias definidas y el mismo nivel de interlocución.
En ese sentido, la creación de esta misión de apoyo constituye también una oportunidad para Naciones Unidas al plantear formas alternativas de avanzar en sus contenidos de consolidación de paz. Intervenir sin intervenir, participar sin sustituir y transmitir sin desconocer el capital de experiencias existente en los países destinatarios de sus acciones constituyen verdaderos retos para la Organización. En este caso, se trata de un diálogo entre pares, una verificación con nuevos elementos a sus tradicionales buenos oficios.
Si bien, la naturaleza de la misión está definida desde la perspectiva del equipo negociador colombiano, es preciso recordar el carácter político del Consejo de Seguridad. La resolución del conflicto colombiano puede convertirse en un caso emblemático para el mundo de allí que los miembros permanentes de la organización analizarán esta misión en lo simbólico y en lo practico a la luz de sus propios intereses en la agenda de seguridad.
Otro hecho importante es el carácter regional que quiere imprimirse al señalar que los miembros de la misión política serán países de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe), una apuesta interesante por ser en el contexto regional un actor plural y con equilibrio que puede abrir la puerta al intercambio de experiencias de países clave en esta materia como El Salvador.
Son muchos los temas que aún quedan por definir. En que términos y cual será el alcance de la verificación, cuales serán los mecanismos de interlocución con la sociedad civil en aras de la transparencia del proceso y desde luego los países integrantes de la misión, un reto en si mismo en términos de neutralidad. Por lo pronto, como decisión política se trata de un gran acierto del equipo negociador y puede ser para Naciones Unidas una forma de incorporar nuevos instrumentos a su agenda de construcción de paz.
