El ministro de Hacienda Rodrigo Valdés realizó, hace pocos días, un diagnóstico contundente sobre las capacidades del gobierno para llevar adelantes las reformas en la que está empeñado. Señaló sin ambages: “el ejecutivo no tiene ni las capacidades técnicas ni políticas para llevar adelante este conjunto de reformas”.
Las conclusiones de Valdés se reflejaron de manera explícita, cuando la presidenta Bachelet nombró un Consejo para supervisar el proceso Constituyente. La decisión del ejecutivo ha sido fuertemente criticada, por todos los sectores, incluyendo al oficialismo. El problema no está en su composición, porque es diversa, sino por la forma como fueron nombrado: se hizo a dedo. De hechos fueron todos designados.

¿Hay algún problema con eso? No necesariamente, excepto cuando se le quiere dar a una decisión vertical, que surge desde una autoridad unipersonal, como es la presidenta, un carácter representativo.
La Comisión Engel también fue designada, pero en ningún momento se adujo que estaba llamada a representar a nadie, sino que se iba a abocar a generar iniciativas que permitieran enfrentar el problema de la corrupción. Sin embargo, en este caso, si surgió el problema porque la presidenta señaló, que este consejo estaba llamado a ser representativo. Y quien estaba decidiendo esta condición era ella.

La presidenta adujo, como una de las razones el dar garantías de que habría “total equidad en la elaboración de la nueva constitución, de qué no iba a haber ninguna visión favorecida o perjudicada en los espacios de participación, sino que estarían presentes todas las miradas”. Es decir, estaba llamado a ser un órgano representativo de la sociedad y de la diversidad de la misma.

Al margen de los miembros que la componen, y si faltan mujeres, científicos o jóvenes, el problema es estructural, porque es una entidad que no puede ser representativa cuando ha sido elegida por una sola autoridad. La representatividad exige necesariamente que haya existido participación ciudadana en su génesis, porque esta no es otra cosa, que la expresión de dicha participación a través de intermediarios en las cuestiones públicas. Y acá no ha existido participación de ningún tipo de la sociedad, por lo tanto no se puede intentar pasar “gato por liebre,” sin que se genere una andanada de críticas.
Para resolver el problema de legitimidad del consejo, el gobierno debió haberlo justificado en su idoneidad, pero para eso debería haber explicitado en su decisión las normas que iban a regir las prerrogativas de los miembros , lo que no se ha hecho, ni se conoce.

Entonces, ¿Cómo puede ser creíble una función, en la que no se conocen las atribuciones de quienes la van a ejercer, y qué están llamados a responder con determinados objetivos?

Si a eso, agregamos la incógnita que el proceso constituyente genera, porque no se conoce como van a funcionar los denominados cabildos ciudadanos, en la que los observadores están llamados a dar garantías, es natural que surja la pregunta: ¿Qué rol va cumplir el consejo de observadores? Y si no se conoce el rol, la conclusión obvia es ¿Para qué sirve?

No queda otra que reconocer como señaló con el ministro Valdés, que el ejecutivo no tiene ni las capacidades técnicas ni políticas, para llevar a cabo a las reformas que ha emprendido. Y la designación de esta entidad, nos demuestra de manera palpable que no estaba equivocado.