Según informó el diario “The Clinic” el oficial, a cargo de la División de Mantenimiento, afirmó en un correo electrónico dirigido a sus pares, que la responsabilidad por los desfalcos recae en el polémico Comando de Apoyo a la Fuerza. En el mail entregó detalles sobre el supuesto modus operandi de los fraudes cometidos hasta 2014 por cerca de diez millones de dólares.

El general Héctor Ureta, comandante de la División de Mantenimiento del Ejército, desató un caos al interior de su institución, al revelar en un mail masivo cómo se produjeron, según su versión, las millonarias y escandalosas defraudaciones con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

“Hay todo tipo de responsabilidades, tanto legales, administrativas y de mando”, sostuvo Ureta, a días de ser llamado a retiro, afectado por una serie de acusaciones que enlodan su carrera y mantienen en prisión a dos de sus colaboradores, la sargento Millaray Simunovic y el suboficial Claudio González Palominos.

Ureta apuntó sus dardos al mando del Ejército y al  Comando de Apoyo a la Fuerza, la repartición a cargo de gestionar en reserva los recursos que anualmente entrega Codelco para la compra de armas. El general Ureta, alega la defensa de su unidad “A la División de Mantenimiento no le robaron”. Fue esta postura que lo llevó a revelar  los más íntimos secretos de cómo son administrados los polémicos fondos destinados a la compra de armamento. “De las más de 1.200 facturas falsas, actualmente en investigación por parte de la Fiscalía (Militar), no existe ninguna de ellas que haya sido tramitada para pago por los diferentes organismos y jefaturas de la División de Mantenimiento”, recalcó.

“The Clinic” indica que el general afirmó que en el Ejército “existía una red de personas que desde diferentes lugares entregaban facturas (ideológicamente falsas) al personal del Comando de Apoyo a la Fuerza”, la unidad a cargo de tramitar los pagos con fondos de la Ley Reservada del Cobre, punto, que coincide con las investigaciones que sustancia la VI Fiscalía Militar desde 2014. Es decir, la corrupción en torno a los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre era una práctica común al interior del Ejército, no sólo de los cinco militares detenidos hasta ahora en el Regimiento de Policía Militar.

“The Clinic” detalla que el general Ureta apuntó también a los más altos mandos de su institución, desechando incluso las versiones que el propio comandante en jefe del Ejército, el general Humberto Oviedo, entregó en su momento sobre cómo fue descubierto el millonario desfalco.

“Estos hechos fueron descubiertos de una manera totalmente fortuita, totalmente por casualidad, mientras se realizaba un trabajo sobre las actas de recepción de los documentos contables y no por un control”, afirmó el oficial.

La versión oficial del Ejército y del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, entregada incluso al Congreso, era que la detección del fraude fue producto de los mecanismos de control habituales de la institución.

 “CAF en el centro del Huracán”

El general Ureta disparó todas las acusaciones finalmente contra el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), a su juicio el corazón de las millonarias defraudaciones que hoy enlodan al Ejército. “Las facturas ideológicamente falsas aparecían en el CAF, sin tener un oficio conductor de alguna unidad, por tanto era muy fácil advertir que no eran imputables a alguna unidad”, subrayó.

Su versión, coincide con  las entregadas por personal del CAF, quienes admitieron a la Justicia Militar que desde 2012 los documentos que debían ser tramitados en esa repartición dejaron de ser revisados por orden del general (R) Jorge Salas.

El general Ureta confirmó también que para ocultar los desvíos de fondos los gastos eran cargados a un ítem llamado “compensación presupuestaria”, una “especie de préstamo desde el presupuesto corriente”…“Fue de estas compensaciones principalmente desde donde se pagaron las facturas ideológicamente falsas. No fue del Mantenimiento del Potencial Bélico administrado por la División de Mantenimiento”, recalcó el cuestionado general.

The Clinis explica que la versión de Ureta, en lo relativo a las compensaciones presupuestarias, coincide con mensajes que la PDI encontró en el celular del encarcelado cabo Juan Carlos Cruz,  militar que apostó 2 mil 400 millones de pesos en el casino Monticello.

Cambio de moneda

“Las unidades dependientes, o que han levantado las necesidades (de compra de armas), desconocían la tasa de cambio (…) Hasta el año 2012 era imposible saber si existía saldo a favor por estas conversiones”, explicó Ureta.

Desde el año 2013, sin embargo, la situación fue modificada, de acuerdo al general. Hoy quedan registradas en los decretos secretos que firman los ministros de Hacienda y Defensa para autorizar las compras de armas, las que sumaron unos mil 500 millones de dólares, entre los años 2005 y 2014.

“The Clinic” relata que Ureta  precisó que los fondos de la Ley Reservada del Cobre, que entre los años 2000 y 2015 reportaron 20.000 millones de dólares a las FFAA, se descomponen en recursos que financian el Mantenimiento de Potencial Bélico y lo que se llama la Demanda Estratégica, que son proyectos institucionales o conjuntos de compra de armas.

El general aseveró en el correo que “Es lamentable el tener que llegar a esto para proteger a mi unidad, pero como comandante lo hago y me hago responsable de lo aquí expresado”.

“The Clinic” indicó que el Ejército, que por primera vez responde una solicitud de ese medio y, admitió la veracidad del mail.

“Efectivamente se trata de una carta enviada por el general de Brigada Héctor Ureta, usando un medio interno de mensajería a destinatarios específicos, donde el mencionado oficial da a conocer opiniones y emite juicios personales sobre el caso tipificado como ‘defraudación fiscal y falsedad de documentación’ el que actualmente está entregado al ministro en visita, señor Omar Astudillo”. “Sobre las opiniones personales emitidas por el general Ureta, la institución no emite comentarios. No obstante, el Ejército reitera su más absoluto compromiso por cooperar en todo lo que el ministro determine de manera de esclarecer lo antes posible los ilícitos que se investigan”. apuntó la respuesta al Diario “The Clinic”.