El fiscal Luis Toledo, jefe del Ministerio Público de la Región de O`Higgins, junto con su equipo asesor inició el estudio de los antecedentes recopilados en los 10 meses de investigación que lleva el caso Caval. El análisis obedece a que en un plazo máximo de dos semanas, pedirá la primera audiencia para formalizar la indagación. Se estima, además, que ésta se llevará a cabo en marzo.
En el caso Caval se indagan presuntos delitos relacionados al proceso de compra y venta de tres terrenos que la firma realizó en la comuna de Machalí, VI Región. La empresa Caval pertenece, en un 50%, a Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet y mujer de Sebastián Dávalos.
La empresa pudo concretar el negocio con el préstamo de $ 6.500 millones que obtuvo del Banco de Chile. Durante el proceso de este crédito, Compagnon y Dávalos tuvieron una reunión con Andrónico Luksic, vicepresidente del directorio de esa entidad financiera.
Uno de los motivos por el cual Caval tenía altas expectativas con este negocio era porque en la Municipalidad de Machalí se discutía el cambio de uso de suelo de los predios, de rural a urbano, lo que aumentaría el valor de los terrenos.
Formalizaciones
Quienes conocen las indagatorias indican que la primera petición de formalización estará enfocada en los presuntos delitos de cohecho que implican a ex funcionarios de la Municipalidad de Machalí. Esto, en el marco de las gestiones que se estaban haciendo para cambiar el plan regulador.
Sería formalizada la arquitecta Cynthia Ross, ex asesora del municipio de Machalí que realizó estudios enfocados en la modificación al plan regulador. También se le presentarían cargos a Jorge Silva Menares, ex director de Obras de la municipalidad.
Tanto a Ross como a Silva Menares se les detectaron pagos realizados por el gestor inmobiliario Juan Díaz, la persona que ofreció los terrenos a Caval. Este antecedente quedó plasmado en que la querella que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó en el caso. Ahí, se estableció que Díaz habría realizado 13 depósitos en las cuentas bancarias de Silva y Ross, por cerca de $ 40 millones en total.
El abogado querellante Mario Zumelzu señaló que Mauricio Valero (dueño del otro 50% de Caval) y Compagnon también deberían ser formalizados, pues “los directamente interesados en el cambio de uso de suelo eran los propietarios del terreno de Machalí, que es Caval. Los que estaban realmente desesperados eran ellos y los otros personajes también tenían interés, pero lo que estaban más interesados eran los socios de Caval”.
