Como un gran paso a favor de la transparencia y de los cambios que se requieren para mejorar controles y terminar con la opacidad, calificaron los diputados DC Jaime Pilowsky y Ricardo Rincón, la decisión de la Contraloría General de la República de revocar un dictamen anterior y redactar uno nuevo, permitiendo que este órgano pueda fiscalizar y someter a una revisión de cuentas las compras y obras “secretas” que realicen las Fuerzas Armadas con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
Según Rincón, esto permite, definitivamente, ir cambiando este paradigma del secreto en materia de fondos de la Ley Reservada del Cobre y los motiva a seguir impulsando los cambios estructurales que se requieren, derogando la ley y avanzando hacia un sistema más moderno, transparente y con mayores controles externos.
«Son demasiados los miles y miles de millones de dólares y no puede existir espacio alguno para un mal uso de recursos; ello sólo puede evitarse con controles rigurosos, terminando con la opacidad”, sostuvo Rincón.
Los legisladores recordaron que, la decisión de la Contraloría responde a una petición formal de los parlamentarios (Pilowsky y Rincón), quienes solicitaron que se revocara un dictamen de 2009 que obligaba a aprobar los montos totales refrendados solo en un “Certificado de Buena Inversión”, emitido por el Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena).
En esta línea, acotaron, el nuevo criterio describe que los fondos que entrega la Ley Reservada del Cobre están destinados a la “Defensa Nacional” y, por ello, tanto el Ministerio del ramo como las FF.AA. -Ejército, Marina y Fuerza Aérea- deben someterse a las instrucciones que al respecto le imparta el órgano contralor y presentar los documentos fundantes de las inversiones efectuadas que le requiera la Contraloría General, incluso de aquellas obras militares declaradas secretas.