No importaron los daños colaterales, la cosa era lograr el objetivo a como de lugar. Fue así que el gobierno decidió sacrificar a tres universidades estatales, dejándolas sin gratuidad, para incluir a planteles privados en el inicio del beneficio durante 2016. Este martes los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; de Segpres, Nicolás Eyzaguirre y Segebog, Marcelo Díaz se reunieron en el Congreso con todas las bancadas de la Nueva Mayoría y con representantes de la Alianza para dar a conocer una nueva propuesta que busca poner en marcha la política anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet, el 21 de mayo pasado.
La fórmula implica el envío de una ley corta para modificar la glosa de gratuidad, declarada inconstitucional, permitiendo que todas las universidades que tengan más de cuatro años de acreditación puedan optar al beneficio para sus estudiantes de los cinco primeros deciles. Una medida que fue difícil para el Ejecutivo, ya que tres planteles estatales quedarían fuera: la U. de Los Lagos, U. Tecnológica Metropolitana (Utem), y la U. Arturo Prat; todas con sólo tres años de certificación.
A la acreditación también se sumaría el requisito de no tener en sus directorios a personas que participen en entidades con fines de lucro. Y el principal mensaje del vocero de Gobierno habría sido alcanzar un acuerdo transversal para evitar nuevos “problemas” legales.
Esta ley sería enviada el lunes al Congreso, luego de que se conozcan los argumentos del fallo del Tribunal Constitucional, para ser aprobada a más tardar el miércoles 23 de diciembre. Fue en esa línea que se produjo el intenso lobby de los ministros Díaz, Eyzaguirre y Valdés pues hay parlamentarios del oficialismo que no querían dar el brazo a torcer y abrir la gratuidad a planteles privados fuera del Cruch…menos dejar fuera a tres Universidades estatales.
Otra de las modificiaciones que requeriría la glosa para concretar esta propuesta es modificar el plazo para que las instituciones manifiesten si se sumarán o no la gratuidad, lo que en la Ley de Presupuestos está fijado para el 22 de diciembre, pero la ley corta se aprobaría un día después.
¿Qué pide la oposición?
Parlamentarios de la oposición se reunieron ayer a primera hora con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, a quien entregaron formalmente la propuesta del bloque opositor para implementar la gratuidad. Esta se basa en tres condiciones según explicó el diputado de la UDI, Jaime Bellolio. :
1.- Que haya más estudiantes beneficiados
2.- Que no exista discriminación arbitraria entre un mismo tipo de instituciones
3.- Que se resguarde la calidad de los planteles que pueden dar gratuidad.
Según Bellolio, Delpiano les detalló la posibilidad de hacer cambios a la glosa de gratuidad mediante una ley corta, sin entregar mayores detalles.
La nueva iniciativa del gobierno deja sin gratuidad a los CFT e IP, pero les garantiza un incremento en el monto de las becas Nuevo Milenio, que se entregan a los estudiantes de esas instituciones. Así, los beneficiados recibirían cerca de $ 900 mil, un 50% más de lo asignado en 2015.
Esta propuesta es vista por algunos miembros de la Nueva Mayoría como un triunfo de la Oposición y de parte de la DC, sobre todo porque se sumarán instituciones que han sido investigadas por el Mineduc.
En tanto, las universidades estatales que se quedarían fuera de la gratuidad, recibirían recursos vía convenio marco para poder implementar el beneficio de forma institucional.
