El pasado 7 de noviembre se celebró en Aysén los 30 años de la pesquera Friosur, empresa perteneciente a la familia Ríos. El evento contó con la presencia del Intendente Regional, Jorge Calderón; la gobernadora Provincial, Paz Foitzick; el senador Antonio Horvath; el diputado David Sandoval; el alcalde de Puerto Aysén, Oscar Catalán y representantes del Consejo Regional de Aysén. Y por supuesto, el fundador y presidente del directorio, José Luis del Río Goudie.
Los discursos estuvieron orientados a «defender» los recursos naturales de las aguas de Aysén y a rechazar la supuesta intención de la flota pesquera artesanal del Biobío que «quiere venir a extraer la reineta, impactando el desarrollo económico local».
Tal como informó Infogate otro asunto mucho más importante se negocia en las sombras: modificación legal que permitirá a la industria pesquera comprar a futuro las cuotas que les corresponde a los pescadores artesanales. Algo así como el «Davilazo» del mar.
En las sombras
El pasado 21 de julio se reunieron en Puerto Aysén: Misael Ruiz, presidente del Consejo de la Pesca Artesanal de los fiordos y archipiélagos de Aysén (Corfapa); Rodrigo Azócar, empresario y mano derecha del diputado Iván Fuentes; y dirigentes de la pesca artesanal de la Décima Región. La idea es que estos últimos acepten una modificación legal a cambio de poder capturar reineta en aguas correspondientes a la Región de Aysén.
¿Quién es Rodrigo Azócar? Lee: Pescando millones en Aysén
Por ley, los pescadores artesanales reciben su cuota a partir del Régimen Nacional de Extracción (RAE), que no es otra cosa que «la distribución de la fracción artesanal de la cuota global de captura de una determinada Región, ya sea por área, tamaño de las embarcaciones, caleta, organización de pescadores artesanales o individualmente«.
El problema radica en que la cuota designada a cada pescador es tan pequeña que no es atractivo comercialmente venderla. Por tal razón, muchos pescadores deciden vender su cuota a las empresas pesqueras, olvidándose para siempre de salir al mar a pescar. Una decisión que tiene como origen un segundo asunto: los precios de la venta de esa cuota la determina también las empresas. Es decir, se presenta un comportamiento económico de monopsonio.
En otras palabras, se presenta un mercado en el que existe un único comprador o demandante, en lugar de varios. Debido a esto, este mercado posee una competencia imperfecta. El precio de los bienes o servicios es determinado por el demandante, ya que al ser único, posee mayor poder de mercado y los numerosos oferentes deben adaptarse a sus exigencias (Precios, cantidades, etc.). Esto le permite al comprador obtener mayor valor de la transacción que los que obtendría en un mercado competitivo.
En ese marco, Ruiz, Azócar junto a la gobernadora de la provincia de Aysén, Paz Fotzick, y al presidente del Consejo Regional, Miguel Ángel Calisto -y aquí radica la importancia de sus vínculo laboral con el presidente del Senado Patricio Walker- buscan una modificación legal que permita levantar un RAE para la reineta y luego para todos los recursos hidrobiológicos, incluyendo los bentónicos como erizos y locos.
Situación que ocurre hoy en día con la merluza, donde existe un RAE que divide la cuota artesanal en todos los pescadores de la región.
Como si fuese poco, Azócar plantea establecer «licencias transables de pesca artesanal», para que los pescadores puedan vender la cuota acumulada. Algo muy parecido con lo ocurrido con el famoso escándalo financiero denominado como «Davilazo», que tuvo como protagonista al operador de Codelco, Juan Pablo Dávila, quien especuló con operaciones de cobre a futuro. La idea fue expuesta en un seminario convocado por la gobernadora el pasado 17 de julio. Los dirigentes se mostraron críticos al proyecto explicado por Rodrigo Azócar.
La cocina de Longueira
A lo anterior, se suma otro hecho: la Ley de Pesca se cocinó entre los privados (las 7 familias), la subsecretaría de pesca y el propio Pablo Longueira.
Un correo electrónico fechado 21 de octubre del 2011 entre el ex ministro de Economía del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, las abogadas de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) y representantes del sector industrial pesquero confrma que hubo un acuerdo respecto de los contenidos que tendría el proyecto de ley que más tarde se aprobaría en el Parlamento.
En forma paralela, Longueira participaba de una mesa negociadora donde junto a la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y la Asociación de Industriales Pesqueros de la región del Bío-Bío (Asipes) se ponían de acuerdo respecto de la transferencia de diversos porcentajes de cuotas de pesca de orígen industrial por un valor de US$34 millones.
Destaca un mail enviado por el entonces operador político de Sonapesca Héctor Bacigalupo (actual gerente general de Sonapesca) a los gerentes de las empresas pesqueras, donde explica con detalle el acuerdo alcanzado con el gobierno de Piñera con miras a modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Para aquello, se llevó a cabo un encuentro donde estuvo presente el ministro Longueira; el entonces Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea; el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica. Como asimismo, asistieron a la cita: el entonces presidente de Sonapesca y dueño de pesquera Blumar, Rodrigo Sarquis; el gerente general de Fríosur, Carlos Vial; el propietario de Alimar S.A, Roberto Izquierdo Menendez; el representante de PescaNova, Marcos Osuna; y Bacigalupo.
Todos ellos se reunieron varias veces, y a esos encuentros asistieron las abogadas de la Subsecretaria de pesca, Edith Saa y María Alicia Baltierra.
Es importante poner como antecedente para la causa que la fiscal Ximena Chong tiene entre sus antecedentes una serie de correos electrónicos que fueron intercambiados por el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica y la asesora jurídica jefe de la Subpesca María Alicia Baltierra en 2011.
Un mail enviado el 13 de junio de 2011 por Mujica a la asesora jurídica de la Subsecretaría de Pesca, María Alicia Baltierra, dice lo siguiente: “Estimada María Alicia, te adjunto nómina solicitada por don Pablo de posibles invitados a una reunión informativa de la Ley de Pesca para esta semana. Favor de indicar el día y hora para mover a la gente”.
Según consigna El Desconcierto, en este correo se incluye el nombre de siete dirigentes sindicales pesqueros, entre los que se contaban el presidente del Sindicato Interempresa de Patrones de Pesca Iquique, Michel Campillay. Este último, operaba para Corpesca y entregaba información a Mujica sobre los movimientos de la Comisión de Pesca del Senado.
«Este tipo de reuniones eran habituales. Se hacían tanto en el Congreso y a veces en la Subsecretaría de Pesca”, dijo a El Mostrador la abogada Baltierra, quien declaró como testigo ante la Fiscalía el 28 de octubre del 2015.
El gerente general de Corpesca, envió el 12 de mayo de 2011 un correo electrónico que contenía una propuesta de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte Grande (ASIPNOR ) en torno a la Ley de Pesca. 24 horas más tarde, Mujica adjuntó en un mail enviado a la abogada Baltierra una resolución peruana “para que la compartiera con el subsecretario de Pesca y su equipo asesor, con el fin de ver por dónde vendrán los próximos ‘dardos’ hacia la paupérrima cuota para el norte, y cómo la aprovechan los peruanos, desconociendo todo el acuerdo de Cali”.
Baltierra agradeció al ejecutivo señalando que enviaría la información a José Luis Balmaceda, Director de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos y Jefe de gabinete del Subsecretario de Relaciones Exteriores, de la época.
El 13 de septiembre de 2012, la abogada envía a Mujica -con copia al subsecretario Galilea- un documento que se titula “Propuesta de la propiedad de peces”, el cual dice: “de acuerdo a la conversación con Ramón Pino (jefe de Gestión y Desarrollo de Corpesca), envío a usted una propuesta para el artículo que establece cuál sería el estatuto jurídico de los peces. Este es un tema analizado y concordado con Cancillería, y que aún es en total reserva”.
A comienzos de octubre, Mujica envía un mail a Baltierra señalando que el entonces presidente de Sonapesca, Rodrigo Sarquis, actual dueño de pesquera Blumar, “me envió el documento de indicaciones referente a las caducaciones, que me permito enviarte y a su vez poder discutirlo con don Pablo. También te envié mis observaciones al párrafo 2º. Te pediría que estos me lleguen en forma directa porque no sé lo que le distribuyen solo a Sonapesca”.
El mismo día, la profesional respondió: “Hay dos opciones: excluir a los pelágicos y dejarlos con una norma de lo desembarcado en un determinado periodo de tiempo y a los demás con cumplimientos de las cuotas, o bien dejarlos a todos con lo desembarcado. Esto porque estamos claros en las distorsiones que genera especialmente en los pelágicos pequeños. En relación a sus comentarios del párrafo segundo, efectivamente la Convención es para alta mar, pero también contempla ese mecanismo que puede aplicarse a la ZEE (Zonas Económicas Exclusivas) en cuyo caso se requiere la aprobación del Estado de Chile y la idea es regular cómo se otorga esa autorización (…) lo llamo mañana si tenemos más novedades”.
