El dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil (Anercich), Santiago González, manifestó una «profunda» preocupación por la movilización que impulsan los trabajadores del servio y por el eventual desenlace de este.

«Hemos conocido por los medíos la propuesta del gobierno, las acciones de emergencia llevada adelante por Luis Acevedo, Director Nacional del Servicio, y la reacción frente a aquello de la presidenta de Anercich, Nelly Díaz.
Sabíamos de antemano que el estado de la economía y sus proyecciones, sumado a las catástrofes naturales que han azotado el país, hacia difícil plantear demandas gremiales a corto plazo, a eso se sumo la carta que firmo la propia Anercich, indicando que ‘no habían temas pendientes’. Sin embargo, Nelly Díaz, en un despliegue de osadía e irresponsabilidad, hoy nos tiene al borde del abismo, porque no se ve, dada su intransigencia y su incapacidad de dialogo, una luz al final del túnel, que augure un buen resultado«, agregó el dirigente.

«Más aun, las acciones que el nuevo Director ha implementado van en la línea de reponer la autoridad político-administrativa si o si, con el concurso de los funcionarios que no están de acuerdo con los alcances de la movilización, y no sería extraño que adopte medidas disciplinarias contra aquellos que persistan en permanecer en paro«, puntualizó González.

En ese sentido, dijo que la propuesta hecha por el gobierno «no es la óptima para nosotros». «Si vienen otras, no lo sabemos. Pero está claro, que levantar una demanda que se expresa solo monetariamente, no es sustentable. Esperamos que el eventual acuerdo que se logre, establecer un puente de comunicación que permita mirar de manera integral los problemas que atraviesa nuestro Institución», apuntó.

Asimismo, declaró que «parece extraño, pero después de 30 días de paro, me encuentro en conversaciones con funcionarios y funcionarias, que indican que no han sido consultadas, que no comprenden la demanda ni las decisiones que hasta hoy se han tomado«.

«La conveniencia de terminar ó no el conflicto ya no depende de una asamblea, que carece de representatividad, ni por la opinión entregada por los delegados de base, que temen expresar sus diferencia con la presidenta de Anercich. Signo de lo anterior, es el hermético silencio del resto de los Dirigentes Nacionales, que por conveniencia o prudencia no han expresado públicamente sus puntos de vista. Por eso estimo necesario que cualquier propuesta que permita resolver el conflicto debe pasar necesariamente por un mecanismo de consulta, “Votación Universal”, que involucre a la mayor cantidad de funcionarios, que garantice el secreto de la decisión y que no habrá represalias posteriores por parte de Anercich y cuyos resultados sean conocidos lo antes posible», prosiguió.

Los costos que este paro ha tenido para los ciudadanos están a la vista, los hemos testimoniado en persona y a través de los medios de comunicación. Sin embrago, los costos para los funcionarios y funcionarias aun están por verse, y de sus consecuencias, en última instancia, solo serán victimas los funcionarios, pues los dirigentes de Anercich contamos con fuero. Espero que el cambio de la autoridades que está en curso, abra nuevas esperanzas, que genere nuevas oportunidades para los funcionarios y sus familias, con transparencia, con equidad, con participación de nuevos actores que privilegien el desempeño, el compromiso y la probidad, desterrando la política de los miedos que han fortalecido las malas prácticas en nuestro servicio», afirmó González.

Por tal razón, el dirigente exigió a Anercich y su presidenta a romper con el secuestro de nuestro servicio: «Pedir al más breve plazo la votación de la continuidad de la movilización, para establecer un dialogo más fructífero que rompa con el sesgo economicista del actual paro y que recoja las demandas históricas de las y los trabajadores del Servicio».

«Ya exprese mi punto de vista en una oportunidad y sufrí el acoso y apremio de colegas que influenciados por la intolerancia, no comprenden que estamos en otra época. De estas malas prácticas tendrán que hacerse cargo en su momento«, concluyó.

En enero de 2014, González ingresó a la Contraloría General de la República una denuncia en contra de Nelly Díaz.
El ente contralor se pronunció al respecto el 26 de junio de ese mismo año, asegurando que el dirigente efectivamente se presentó ante ellos haciendo presente que “en el mes de diciembre de 2013 recibió copia de una carta enviada por la Anercich a la Presidenta de la República, en la cual le solicitaba la renuncia de cinco funcionarios de esa repartición por diversas irregularidades que afectarían a dicha institución”.

“Agrega, que dicha misiva registraba 28 firmas, entre las cuales se encontraba la suya, siendo que nunca habría otorgado su consentimiento, ni firmado dicho documento, agregando que solicitó una explicación a la señora Nelly Díaz Delgado, quien le habría respondido con pretextos”, consigna la Contraloría.

El organismo fiscalizador detalla además que González aludió en su denuncia que este hecho le afectó su honorabilidad, infringiéndose el artículo 193 del Código Penal.

En efecto, el documento con la firma falsificada de González y de otros dirigentes nacionales y regionales de la Anercich buscaba presionar para que la Presidenta pidiera la renuncia del director de la época, Rodrigo Durán.

Dos semana más tarde, la Contraloría finalmente contestó que el ente contralor debía abstenerse de llevar adelante una investigación como esa, porque se trataba de una labor que compete al Ministerio Público.

Si bien el Registro Civil denunció el hecho ante la Fiscalía Centro Norte no quiso hacerse parte en ese proceso. Por tal razón, la acusación perdió fuerza y el Ministerio Público decidió que va cerrar el caso.

Una situación que es extraña para los funcionarios del Registro Civil. “Yo vi esa carta, las firmas estaban copiadas y pegadas, las escanearon y las colocaron incluso en una hoja a parte”, aseguran.

Fotocopias lucrativas

Otra situación que se denuncia en la presentación hecha por el dirigente Santiago González tiene relación con que se está “ocupando funcionarios públicos para sacar fotocopias a los extranjeros que iban a sacar su carnet de identidad”.

El entre contralor señaló al respecto: “Se indica que en las dependencias de la Dirección Regional Metropolitana de esta institución, se sacan fotocopias previo pago de $100 por hoja, a documentos de personas extranjeras que posteriormente serán presentados para la obtención de la célula de identidad o la renovación de la misma. Dicha cantidad, sería cobrada por la señora Gloria Pérez Campos y Katherine Illescas Carvajal, quienes no obstante ser funcionarias del servicio, se desempeñaban como secretarias en la Anercich”.

“Para ello –dice el texto- el dirigente concurrió donde el Director Regional señor Ricardo Olivos, quien también habría constatado el cobro de fotocopias. Además explica que consultó tanto a la Directora Nacional como al Director Regional sobre la existencia de alguna autorización para realizar dicha actividad, ante lo cual expresaron que no habría tal permiso”.

De hecho, el Director Regional Metropolitano dijo que “en lo concerniente a la venta de fotocopias, la impresora Nº 020139 no forma parte del inventario de la Dirección Regional Metropolitana”.
Más tarde, funcionarios de la Contraloría se constituyeron en las dependencias donde constató que la Anercich comercializaba fotocopias.

A juicio de los funcionarios del Registro Civil, esto constituye una falta de probidad, por cuanto “nadie sabe para dónde van los fondos. Personas cercanas a Nelly Díaz aparecen sacando provecho económico con estas fotocopias”.
Consultados por la actual movilización que es liderada por Nelly Díaz, los dirigentes consultados por Infogate señalan que se trata de un “oportunismo” por cuanto “no son los trabajadores los que decidieron este paro. Quien lo ha definido es ella. No ha habido consulta, no ha habido nada”.

Situación que les recuerda lo ocurrido en 2013 –durante la administración del Presidente Sebastián Piñera- cuando la mencionada dirigente levantó una movilización para ayudar al Mandatario.

“Ella es piñerista, recaudó fondos en la Quinta Normal para él. Teníamos prediseñado la movilización del 2013 después de septiembre, pero ella lo adelantó. Todos entendimos que la movilización fue en apoyo del gobierno de Piñera, porque no estaban las plataformas listas, no podían sacar el nuevo carnet de identidad ni el pasaporte”, enfatiza un funcionario del Registro Civil.