Este jueves, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a Sala el proyecto en segundo trámite legislativo, que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales, por infracción a las normas de transparencia, límites y control del gasto electoral. Además, se respaldó una propuesta parlamentaria para impedir a los sancionados volver a postular a un cargo de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.

Esta reforma constitucional (aprobada de forma unánime) modifica el capítulo correspondiente al Congreso Nacional señalando que «cesará en su cargo el diputado o senador que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel)».

La misma sanción, sostiene el texto despachado ayer, es aplicable en el caso de infracciones cometidas por alcaldes, consejeros regionales y concejales.

El presidente de la comisión, diputado Leonardo Soto (PS), explicó que el proyecto aprobado establece esta sanción para los postulantes en una elección popular que infringen gravemente las normas de las campañas electorales.

Soto enfatizó en que, con esta medida, no será necesario esperar un juicio penal que demuestre que se ha cometido un delito, ni tampoco por una sanción penal efectiva, sino que el sistema sancionatorio va a operar de una forma más rápida y directa por la vía constitucional, ya que será el Consejo Directivo del Servel el que va a revisar los antecedentes y las cuentas de gastos electorales y determinará si se puede aplicar la sanción de cesación del cargo que se obtuvo por medio ilegítimo.

En todo caso, el diputado Soto explicó que si la persona estima que tiene que ser revisado su caso, podrá apelar ante al Tribunal Calificador de Elecciones y será este el que en definitiva zanje la situación.

«Es una sanción que tiene un procedimiento rápido y directo que va a permitir resolver problemas como los que estamos viviendo hoy día donde ha habido reconocimientos de que algunos parlamentarios no cumplieron a cabalidad con las normas electorales», evaluó.

Mano dura contra la corrupción
También fueron aprobadas -por unanimidad- las indicaciones presentadas por el diputado Leonardo Soto para modificar la propuesta del Senado en relación a la pena accesoria de inhabilidad para acceder a cargos de elección popular.

Al respecto, la instancia aprobó, además del periodo de restricción de tres años para optar a un cargo o función pública, la inhabilidad para participar en los dos actos electorales siguientes. «Con esto, la persona sancionada va a estar cerca de siete años fuera de los cargos de elección popular», planteó el legislador.

La norma, tal como quedó aprobada, determina que el diputado o senador que llegue a perder el cargo no podrá optar a ninguna función o empleo público por el término de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación. La misma norma se aplicará para los alcaldes, consejeros regionales o concejales.

«Con esto se elevan los estándares de manera notable en términos de responsabilidad para quienes postulan a cargos de elección popular y creo que va a operar como un efectivo disuasivo, con sanciones bastantes severas que esperamos que impidan en el futuro que se presenten a cargos de elección popular e infrinjan las normas de campañas electorales como hemos visto en tiempos recientes», enfatizó el presidente de la Comisión de Constitución.