Este martes el Congreso aprobó el proyecto de ley sobre probidad en la función pública, normativa que velará por el buen ejercicio en el desempeño de un cargo público, velando por evitar conflictos de intereses y aumentando los niveles de transparencias de las autoridades.

Entre las principales indicaciones, la iniciativa contempla ampliar el rango de autoridades y funcionarios que estarán obligados a declarar su patrimonio e intereses. Además, se extenderá el ámbito de lo que deberá declararse: serán tanto bienes como las actividades que se realiza, además de relaciones familiares y afectivas que puedan interferir en sus funciones en el servicio público.

«Esta es una ley muy profunda, del más alto estándar internacional y permite a la ciudadanía acceder transparentemente a la información sobre los patrimonios y los intereses de los distintos representantes», dijo el Ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre.

«Es un deber que la Presidenta nos ha encomendado y a mí en particular, para tener una reacción maciza y sin ambigüedades frente a la desconfianza ciudadana», añadió.

Otro de los temas centrales de la agenda de Probidad y Transparencia es la reinscripción de los militantes de los partidos políticos una vez que reciban aportes públicos para su financiamiento.

Al respecto, Eyzaguirre aclaró que «en este momento se tramita en el Senado el tema del refichaje de los partidos. La indicación del Gobierno es clarísima: al cabo de 12 meses, todos y cada uno de los y las militantes deben ser refichados, de lo contrario serán borrados de los registros de los partidos. Por lo tanto, tendremos reinscripción completa y total».