«La actual crisis política requiere de nuevas fuerzas y pareciera que hay quienes quieren conservar a toda costa sus actuales posiciones de poder, incluso con pillerías y letras chicas», sostuvo el diputado de Izquierda Autónoma, Gabriel Boric.

El parlamentario se refiere a la indicación que será presentada y que fue acordada por el ex presidente del PS, Osvaldo Andrade, junto al timonel de RN, Cristián Monckeberg.

Esto, en el marco del proyecto de ley que fortalece el carácter público de los partidos políticos que fue aprobado (en su primer trámite) en la comisión de Constitución de la Cámara.

La idea de Andrade y Monckeberg es poner barreras de entrada para la formación de partidos y así evitar la proliferación que podría generar el hecho de que vayan a contar con financiamiento público.

Fuentes ligadas al debate parlamentario señalan que la iniciativa tuvo como origen la intención de perjudicar a Amplitud. Grupo formado el 7 de enero de 2014 por los diputados Karla Rubilar, Pedro Browne y Joaquín Godoy Ibáñez, militantes de Renovación Nacional, quienes decidieron renunciar a dicho partido por diferencias ideológicas.

Sin embargo, se habría alcanzado un acuerdo más amplio que socorre a todos los movimientos que están en vías de convertirse en un partido político. En este nuevo acuerdo se incluye a Evópoli, PRI, Amplitud y Fuerza Pública.

Sin embargo, deja fuera a Revolución Democrática, Partido Liberal, Izquierda Autónoma y a quienes no tienen representación en el Congreso Nacional como el Partido Humanista.

Por tal motivo, los diputados Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic y los senadores Alejandro Guillier y Antonio Horvath estudian la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el proyecto.

Los parlamentarios argumentan que si bien la iniciativa apunta a evitar la entrega de recursos a partidos fundados por parlamentarios que fueron elegidos siendo militantes de otra colectividad, afectaría a independientes que posteriormente a su elección lograron la institucionalidad de los movimientos que los apoyaron.

“Vamos al Tribunal Constitucional no para defendernos de la democracia, como lo ha hecho la Alianza últimamente, sino que para defender a la democracia, porque no es posible que se coludan los dos bloques para asfixiar la competencia, esto no es lo que nos prometió el gobierno”, sostuvo Mirosevic.

Por su parte, la vicepresidenta del Partido Humanista, Marilén Cabrera, señaló «esto es la asimetría sobre la que se pretende legislar favoreciendo a los partidos del duopolio que son los que están metidos en los escándalos de corrupción y cuya imagen y confiabilidad está por los suelos. Es decir el gato cuidando la carnicería”, acotó.

«Lo que corresponde es un aporte basal a todos los partidos legalizados, pues de otra forma quedan fuera del financiamiento los partidos `nuevos´ y aquellos que por causa del binominal no se han logrado elegir», destacó.

«Sin ser ninguna mal pensada, uno podría inferir que lo que se pretende con esta ley es impedir el surgimiento de nuevos partidos o movimientos, como ha sido hasta hoy, ¿será que aquellos apoltronados en el poder tienen temor a perder la hegemonía del duopolio?», preguntó la dirigente humanista.

En defensa del proyecto, José Miguel Insulza aseguró en su calidad de presidente de Chile Transparente ante la comisión de Constitución que «cuando hay financiamiento público, los requisitos para constituir partidos políticos debieran ser más estrictos».