El texto difundido a través de todas las agencias informativas señala que: “Se debe evitar una escalada (en el conflicto) y es necesario encontrar soluciones que respeten plenamente los derechos humanos y garanticen el bienestar de la población”.

A nivel diplomático regional, la crisis será tratada este lunes en el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el próximo jueves en una reunión extraordinaria de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Quito, sede del organismo regional. Ambas citas habían sido solicitadas por Bogotá en el marco de la crisis fronteriza entre los dos países.

Cabe recordar que la tensión entre Bogotá y Caracas comenzó el 19 de agosto con el cierre de algunos pasos fronterizos ordenados por Venezuela, tras un -supuesto- ataque a militares venezolanos, ocurrido en medio de una operación anticontrabando en el fronterizo estado venezolano de Táchira.

Respeto por DDHH
“Un Estado tiene derecho a expulsar extranjeros o otras personas por distintas causas. Lo que no puede hacer es expulsarlos arbitrariamente y sin ningún proceso administrativo que le permita a las personas exponer sus argumentos para evitar ser deportadas y, además, deben respetarse todos los derechos humanos”, explica Víctor Rodríguez Cedeño, ex miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

“En el caso del cierre de la frontera con Colombia en el estado Táchira, se han irrespetado todas las normas del derecho internacional. En primer lugar, las expulsiones colectivas que están prohibidas. El gobierno venezolano está violando el derecho internacional al proceder a expulsiones colectivas y al no ofrecer a esas personas ningún recurso administrativo, ningún derecho a la defensa, ninguna posibilidad para un proceso justo. En derecho internacional esto tiene un significado: la responsabilidad. Es decir que Venezuela tiene que reparar el daño que ha infligido a estas personas”, sostiene Rodríguez Cedeño.