Este miércoles, los senadores de la Comisión de Minería y Energía analizaron en profundidad el sistema de cobro de los llamados «Medidores Inteligentes» y advirtieron sobre la necesidad de certificar la calidad de estos equipos, evaluar el plan piloto en ejercicio y repensar el sistema tarifario, entre otros temas, pero a pesr de las «buenas intenciones» la respuesta y conclusión es lapidaria: Los usuarios pagarán a todo evento este cambio tecnologico que es de propiedad de las eléctricas transnacionales.
Según el Senado de la República este tema ha generado «una serie de interrogantes han surgido en la opinión pública luego que se conocieran detalles prácticos de la aplicación de la Ley N° 21.076, publicada en febrero de 2018, pues implica el cambio del actual medidor de electricidad, por uno “inteligente”, lo que ha generado diversos problemas de interpretación en cuanto a sus costos e implementación».
En este escenario, varios parlamentarios como, Francisco Chahuán, han adelantado iniciativas para que este cargo monetario lo asumanlas empresas y no los consumidores, lo que es bastante difícil.
Desde la postura oficial, la ministra Jiménez se refirió al contexto en que surgió la normativa, el reglamento asociado, el último decreto tarifario (que regula el costo de la electricidad) y el cambio tecnológico que se viene en este sector productivo, pero que ya viene implementándose hace más de un año.
En síntesis, la secretaria de Estado explicó está en marcha un nuevo sistema de control y monitoreo de la distribución de energía, el que incluye el nuevo medidor.
Dicha cartera ha calculado que «al año 2025, más de 6 millones de estos dispositivos inteligentes que medirán de modo remoto el consumo de electricidad, serán instalados en hogares, oficinas e industrias. Esto se traduce en una inversión estimada de mil millones de dólares».
¿QUIÉN FINANCIARÁ LOS NUEVOS MEDIDORES?
El medidor hoy es financiado por el cliente -vía compra o arriendo-, pero a partir de ahora esta responsabilidad caerá en manos de las empresas distribuidoras de electricidad. Si bien es cierto que estas entidades pagarán por esos aparatos –lo que ya está contemplado en el actual decreto tarifario-, dicho costo será traspasado a los clientes en su boleta, en pequeñas cuotas mes a mes; de manera de no generar grandes alzas.
¿CUÁNTO SE COBRARÁ?
El nuevo sistema implicaría un costo adicional para el cliente que no debería superar el 1% de su cuenta, esto es, -en promedio- 200 o 300 pesos por cada facturación.
¿ES POSIBLE NEGARSE AL CAMBIO?
De acuerdo a lo explicado por la ministra, «uno podría negarse al cambio de medidor pero eso no significa que no se pagará el costo asociado a dicha actualización». Es decir, todos los clientes deberían cancelar mensualmente entre 200 y 300 pesos.
De todas formas, en caso de que una persona se niegue a cambiar el aparato, la empresa debe reportar el caso a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y será éste organismo el encargado de evaluar los próximos pasos.
¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL CAMBIO DE MEDIDORES?
Existe un plazo de siete años para realizar el cambio de los más de 6 millones de medidores en el país. El primer año se estima completar el 15% de las modificaciones.
Hoy, en la región Metropolitana ya se están efectuando estas actualizaciones a modo de plan piloto. Sin embargo, existen diversas denuncias que aseguran que ya se estaría cobrando desde septiembre de 2018, los cambios que no se han materializado.
¿QUÉ BENEFICIOS (Lo que es cuestonado) TRAERÁ EL NUEVO DISPOSITIVO?
El nuevo medidor permitirá reducir el tiempo y frecuencia de la interrupción del servicio (cortes de luz). Asimismo, será posible detectar fallas en el sistema eléctrico de cada vivienda, de manera de poder adelantarse a un siniestro. Este nuevo sistema monitoreo también obligará a las empresas a contar con un call center 24/7 y un sistema de información integral.
¿QUÉ LEY RESPALDA ESTE CAMBIO?
En el 2015 surgió una moción que buscaba modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a la empresa distribuidora de energía, la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor.
Ello, surgió tras el terremoto ocurrido en septiembre de dicho año en Coquimbo. En la ocasión fue necesario levantar toda la estructura de tendido eléctrico que fue dañada por el movimiento telúrico de 8,4 grados.
