El Ministerio de Salud decidió modificar el reglamento que regula la aplicación de la ley de aborto en tres causales, con el objetivo de permitir que las instituciones médicas objetoras de conciencia puedan mantener convenios que están vigentes con el gobierno, lo cual era prohibido en el texto anterior.

De acuerdo a la resolución publicada por el Minsal en el Diario Oficial, indica que el 22 de enero pasado el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet aprobó el «Protocolo para la manifestación de objeción de conciencia personal y para la objeción de conciencia invocada por instituciones en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario«, siendo publicado el 27 de enero de 2018.

Además, señala que el protocolo «ha sido objeto de diversas interpretaciones jurídicas por parte de las personas e instituciones que deben implementarlo, lo que, en la práctica, podría traducirse en un riesgo para los derechos que se garantizan a las mujeres«.

Por lo tanto, señala que «en ese contexto se hace necesario modificar el Protocolo antedicho, aprobando uno nuevo, con el fin de garantizar el acceso a las prestaciones aseguradas«.

De esta forma, la resolución que fue firmada por el ministro Emilio Santelices, deja sin efecto el reglamento anterior, siendo reemplazado por uno nuevo llamado «Protocolo para la manifestación de objeción de conciencia según lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario«.

A su vez, la vocera de Palacio, Cecilia Pérez, sostuvo que «la despenalización del aborto en tres causales es una ley que se tiene que cumplir y respetar«.

Y añadió que «con respecto al reglamento que hoy día se dio a conocer, se establece que efectivamente existen instituciones que pueden acogerse a la objeción de conciencia para no practicar aborto en estas tres causales, pero, si así lo hacen, a todas aquellas mujeres que deseen practicarse un aborto aduciendo estas tres causales, (les) deben hacer cumplir el protocolo correspondiente, que dice relación con derivaciones a otras instituciones de salud donde sí puedan, en tiempo concreto, acogerse a esta solicitud, con los respectivos gastos que esto implique, por parte de la misma institución que se acoge a la objeción de conciencia«.

Pérez se preguntó so «¿pueden ellos (los objetores) no hacer el aborto? Sí, pero eso significa hacer cumplir el protocolo, derivar a la mujer a otra institución de salud y costear todos aquellos elementos que no son aducibles a la propia mujer (…) Las mujeres que quieran acogerse a una ley que hoy día existe tienen que tener el cumplimiento de ese anhelo por parte de las instituciones, ya sean privadas o públicas«.

Oposición en tenida de combate

Al conocerse esta modificación, la oposición salió con tenida de combate para defender el reglamento impulsado por la administración Bachelet.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro (PS), calificó como «inaceptable» lo hecho por el Minsal, anunciando que impugnará el cambio a través de la vía jurídica.

El propio diputado socialista había comentado durante la semana que tenía sentido el hecho que las instituciones objetoras «no reciban financiamiento derivado del seguro público, para evitar que haya una suerte de colusión«.

«¿Qué sucedería si múltiples clínicas o todas las clínicas pudieran, eventualmente, adherirse a la objeción de conciencia y estuviesen recibiendo, en objeción de conciencia, pacientes derivados del sistema público?«, se preguntó el parlamentario.