Carlos Mora, defensor regional y actual abogado de Carlos Ominami, se contactó con el Ministerio Público para oficializar que su defendido decidió declarar en el marco del caso SQM. A diferencia de lo que ocurrió en enero pasado -cuando Ominami se acogió a su derecho a guardar silencio- esta vez optará por contestar las dudas de la fiscalía.
“Estoy dispuestos a ir y declarar. Mi abogado le transmitió eso al fiscal Pablo Gómez”,dijo Ominami.
Agregó que “estoy dispuesto a declarar sobre la base de conocer todos los antecedentes por los cuales uno puede ser consultado. Estoy dispuesto a ir a declarar en el caso SQM. Mi abogado, Carlos Mora, que es defensor regional, habló con el fiscal (Pablo) Gómez y le dijo que estoy dispuesto a declarar, sobre la base que se libere la carpeta y pueda declarar en igualdad de condiciones con la fiscalía”.
El por qué de la declaración
El ex senador busca despejar, el presunto “incremento patrimonial” que investiga el Ministerio Público. Por este hecho, la fiscal Paola Castiglione ofició al Servicio de Impuestos Internos (SII) para calcular los impuestos vinculados a este ítem.
Sobre este punto, Ominami aseguró que “me parece muy bien que se investigue todo (…). En mi caso no existe un incremento patrimonial. Existe el tema de estas facturas, que es un tema por el cual hay un proceso y voy a discutir qué fue lo que pasó, pero el emisor de las facturas, consultado en su declaración sobre si me entregó un solo peso de esos dineros, dice que no”, dijo Ominami, en alusión a la última declaración de su ex administrador electoral de Ominami y ex tesorero del Partido Socialista, Milton Lee.
“No he tenido posibilidad de declarar para referirme a los dichos del señor (Milton) Lee, en su segunda declaración”, dijo el ex parlamentario.
Aportes irregulares
Otro de los aspectos que deberá aclarar Ominami son los presuntos aportes irregulares a su campaña, a través de facturas registradas en la contabilidad y posteriormente incorporadas en las declaraciones tributarias de SQM, por un total de $178.500.000, que habrían causado, según el SII, un perjuicio fiscal de $ 75,2 millones.
