Radio Santa María recoge por estos días lo que ha estado en boca de todos en Aysén: el presidente del Senado, Patricio Walker, tiene una relación laboral con el presidente del Consejo Regional de Aysén, Miguel Ángel Calisto.

El vínculo, que aparece en la sección de transparencia de la página del Senado, se inició en marzo de 2014 cuando Miguel Angel Calisto asumió la presidencia del CORE.

Calisto, ex PRI y otrora delfín de Adolfo Zaldívar, presta asesorías comunicacionales a Walker a través de su empresa de comunicaciones.

“Es una prestación de servicios profesionales tal cual en el rol de periodista, soy un profesional por lo tanto puedo ejercer libremente la profesión así lo mandata la ley», sostuvo la autoridad regional a la emisora.

A juicio del consejero PS Nelson Maldonado, si bien no existe un conflicto legal, hay que tomar en cuenta que «Miguel Ángel Calisto no es solo un consejero regional, es el presidente del consejo».

En esa misma línea, Julio Rossel, presidente del PS comunal Aysén y consejero, aseguró que esa relación «no es correcta ni conveniente, porque precisamente es la transparencia la que está demanda a gritos por la ciudadanía».

«Yo creo que una subordinación laboral de este tipo raya en el proselitismo político que va en contra incluso del discurso a favor de la honestidad y la transparencia que dijo el presidente del Senado en su primer discurso público al Congreso», agregó.

Consultado por las críticas, Walker aseguró que su relación laboral con Calisto es «lo más normal del mundo», ya que «los consejeros regionales no tienen dedicación exclusiva al cargo».

Argumento que no es compartido por Rossel, quien dio el siguiente ejemplo: «A fines de noviembre del año pasado el senador Walker llamó al gobierno para crear un subsidio de energía eléctrica. El hermano del senador en la región tiene un proyecto energético privado (…) no puede interceder por él en forma directa, pero sí tiene a Miguel Ángel en el CORE solicitando hoy en día ese subsidio. Eso no es correcto. Eso genera desconfianza».

Negociado

Mientras se discute esta cuestión, otro asunto se negocia sigilosamente entre las sobras: la modificación legal que permitirá a la industria pesquera comprar a futuro las cuotas que les corresponde a los pescadores artesanales. Algo así como el «Davilazo» del mar.

El pasado 21 de julio se reunieron en Puerto Aysén: Misael Ruiz, presidente del Consejo de la Pesca Artesanal de los fiordos y archipiélagos de Aysén (Corfapa); Rodrigo Azócar, empresario y mano derecha del diputado Iván Fuentes; y dirigentes de la pesca artesanal de la Décima Región.

¿Quién es Rodrigo Azócar? Lee: Pescando millones en Aysén

La idea es que estos últimos acepten una modificación legal a cambio de poder capturar reineta en aguas correspondientes a la Región de Aysén.

¿En qué consiste este cambio legal? Ahí, precisamente, está el asunto.

Por ley, los pescadores artesanales reciben su cuota a partir del Régimen Nacional de Extracción (RAE), que no es otra cosa que «la distribución de la fracción artesanal de la cuota global de captura de una determinada Región, ya sea por área, tamaño de las embarcaciones, caleta, organización de pescadores artesanales o individualmente».

El problema radica en que la cuota designada a cada pescador es tan pequeña que no es atractivo comercialmente venderla. Por tal razón, muchos pescadores deciden vender su cuota a las empresas pesqueras, olvidándose para siempre de salir al mar a pescar.

Una decisión que tiene como origen un segundo asunto: los precios de la venta de esa cuota la determina también las empresas. Es decir, se presenta un comportamiento económico de monopsonio.

En otras palabras, se presenta un mercado en el que existe un único comprador o demandante, en lugar de varios. Debido a esto, este mercado posee una competencia imperfecta. El precio de los bienes o servicios es determinado por el demandante, ya que al ser único, posee mayor poder de mercado y los numerosos oferentes deben adaptarse a sus exigencias (Precios, cantidades, etc.). Esto le permite al comprador obtener mayor valor de la transacción que los que obtendría en un mercado competitivo.

En ese marco, Ruiz, Azócar junto a la gobernadora de la provincia de Aysén, Paz Fotzick, y al presidente del Consejo Regional, Miguel Ángel Calisto -y aquí radica la importancia de sus vínculo laboral con el presidente del Senado Patricio Walker- buscan una modificación legal que permita levantar un RAE para la reineta y luego para todos los recursos hidrobiológicos, incluyendo los bentónicos como erizos y locos.
Situación que ocurre hoy en día con la merluza, donde existe un RAE que divide la cuota artesanal en todos los pescadores de la región.

Como si fuese poco, Azócar plantea establecer «licencias transables de pesca artesanal», para que los pescadores puedan vender la cuota acumulada. Algo muy parecido con lo ocurrido con el famoso escándalo financiero denominado como «Davilazo», que tuvo como protagonista al operador de Codelco, Juan Pablo Dávila, quien especuló con operaciones de cobre a futuro.

La idea fue expuesta en un seminario convocado por la gobernadora el pasado 17 de julio. Los dirigentes se mostraron críticos al proyecto explicado por Rodrigo Azócar.

“Hubo cosas que no quedaron claras, queremos quedar claro con un proyecto que presentó el señor Rodrigo Azocar, porque nosotros le encontramos varias falencias a ese proyecto y por eso le dijimos que no estábamos conforme con eso”, declaró José Millán, dirigente de la pesca artesanal.

“Me preocupe tremendamente y me enoje también porque realmente dije cómo van a llegar sin preguntarle a nadie y presentar un proyecto sin preguntarle a nadie y ahí yo le dije que nosotros no podíamos firmar cualquier papel para que sea en desmedro de nuestros pescadores artesanales de nuestra región”, insistió.