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Enrique Aldunate, abogado querellante, señaló que "se solicita que se formule una suspensión en el procedimiento hasta que esto sea resuelto y eso en definitiva la sala del tribunal. Es una potestad que ellos tienen, una vez atendido el mérito de poder efectuar esa suspensión".

“Luego de un quiebre institucional especialmente traumático que concluye en 1973, que significó el derrumbe de la democracia chilena y que generó heridas que todavía nuestro país está intentando cicatrizar, una nueva Constitución dictada en 1980 y sometida a sucesivas reformas en los años posteriores propuso un marco institucional objetivamente más receptivo para equilibrar los desafíos de la convivencia democrática", señaló Iván Aróstica.

Los legisladores son parte querellante del caso y calificaron de “mala señal para la democracia” que se intente llegar a un acuerdo que contiene delitos como cohecho, soborno y lavado de activos.

“El Tribunal Constitucional no es ni contramayoritario ni promayoritario. Nosotros lo que vemos es su la sustancia o lo material está conforme con la Constitución. No es un parámetro muy adecuado, más allá de ser una expresión, es de contramayoritario. Nosotros estamos en otro plano: en el resguardo de la Constitución y el Estado de Derecho”, señala Iván Aróstica.

El presidente del Senado dijo que el dictamen del organismo “tiene algo contra la sociedad y quienes presentaron este reclamo, fueron los grupos interesados, particularmente de Laureate, al permitir los controladores con fines de lucro, donde ellos van a designar a los rectores, van a designar a los decanos, etc”.