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La empresa explicó en su respuesta que el acuerdo relativo a los gobiernos corporativos de la compañía, de 18 de diciembre de 2017, o fue suscrito por ellos, por lo que la sociedad no tiene obligaciones en relación al mismo.

La investigación surge a partir de dos denuncias recibidas por la FNE respecto a esta operación. La primera de ellas fue presentada por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) el 9 de marzo pasado, y la segunda, por el senador Alejandro Guillier, el 28 de mayo.

El contrato de ambos tendrá una extensión de un año, de acuerdo a los señalado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de la empresa, plazo que podrá ser renovado de forma automática ejercicio por ejercicio.

“La mayor responsabilidad de SQM, de sus directores y de la Corfo es la de cumplir con el convenio entre ambas partes y fiscalizar que las polémicas asesorías se mantengan estrictamente en los límites que les son propios, exigiendo y velando para que sus titulares no asuman de modo alguno las responsabilidades gerenciales y directivas que les están prohibidas”, precisa el decano.

“La discusión sobre inhabilidad expresa de Julio Ponce Lerou para ser asesor de SQM fue conversada y resuelta en la mesa técnica-política, en el contexto del cierre final del proceso de negociación, que se realizó a fines de diciembre de 2017 y cuando no existía más plazo para formalizar los acuerdo. En esa misma mesa se acordó no dejarlo por escrito para evitar que Julio Ponce Lerou pudiera aparecer en una situación de discriminación que solo lo afectará a él, a diferencia de las otras restricciones que afectaban a toda su familia”, explica el ex vicepresidente de Corfo.