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En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz y Jorge Dahm– acogió la acción cautelar, tras declarar ilegal la actuación de la PDI que impidió injustificadamente el ingreso de los amparados a Chile.

El fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, fue quien ordenó la diligencia, la cual tiene que ver con una supuesta manipulación de evidencias ligadas a la investigación de la quema de camiones de la empresa Sotraser, hecho ocurrido el 28 de agosto de 2017 en la localidad de San José de la Mariquina.

A través de un comunicado de prensa, la institución policial señaló que "lamenta lo sucedido, puesto que no se condice con las políticas institucionales de ética, probidad y respeto a los derechos humanos. Además, este hecho empaña el éxito de una investigación policial que mantuvo preocupado a todo el país y que significó esfuerzos humanos materiales de la institución".

El jefe de la Brigada de Homicidios de Curicó, Richard Escobar, dijo que "hicimos lazos con la familia, tratamos de trabajar con la inteligencia emocional de ellos y, de alguna u otras manera, logramos esta cercanía, lo que a la postre llevó a que en la madrugada, apenas este sujeto se movilizó a la casa de una de sus hermanas, ella pudiese tomar contacto con un oficial que teníamos de enlace en el lugar".

Se trata de cinco peritos del Laboratorio de Criminalística de la institución (Labocar), cuatro efectivos del área de Inteligencia, y un civil, quien sería el que habría inventado el sistema que permitió interceptar conversaciones de WhatsApp y Telegram.