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A través de un comunicado de prensa, los juristas del PS indican que los hechos que involucran a Carabineros afectan “gravemente” la “probidad pública de la institución y la práctica” del organismo dedicado a combatir la delincuencia.

“Si se llega a probar parte de los hechos, en el ámbito que se determine, el costo será muy alto para la institución que corresponda", advirtió el subsecretario del Interior.

"La situación planteada por el Ministerio Público no hace más que amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar miedo y daño en las regiones del sur del país y deslegitima a dos importantes instituciones del Estado, las cuales solamente deberían estar preocupadas por la lucha de la delincuencia", precisó el jefe nacional de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), general inspector Gonzalo Blu.

"Hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que comprendían supuestas conversaciones que inculpaban a las personas que tenían calidad de imputados pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no correspondían ni al formato ni a la ubicación en que se almacena la mensajería en estos aparatos", sostuvo el persecutor Cristián Paredes.

Otra vez Carabineros en el epicentro de un escándalo de insospechadas consecuencias, tras conocerse que El fiscal regional de La Araucanía, abrió una investigación en contra de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, en el la operación de septiembre de 2017. Esta tarde reacciono duramente el Ministerio del que depende la hoy nuevamente cuestionada policía uniformada.