“Una sociedad abierta y plural debe admitir, sin duda, la objeción de conciencia y dentro de ciertos límites extenderla a las instituciones; pero no debe llegar al extremo de financiar con rentas generales la actividad del objetor o permitir que el Estado, que está obligado a proveer a todos un cierto bien o un conjunto de prestaciones, delegue esa tarea en una institución a sabiendas de que ella promueve creencias que le impedirán llevarla a cabo”, plantea el académico.
“Para aquellos que actuamos políticamente desde la solidaridad y desde el fomento del rol público de los grupos sociales, la tesis de la Contraloría es inadmisible, pues supondría establecer que el desarrollo de funciones públicas solamente es posible desde el Estado”, explican los legisladores oficialista.
El motivo que llevó a una –fallida– acusación constitucional contra el ministro, Emilio Santelices, al fin vio la luz. Lo interesante es que se recogió la versión que había levantado el Gobierno de Michelle Bachelet.
Es extraña la fijación de Bolivia con la reclamación territorial con Chile, siendo que con Argentina ha perdido 420.758 KM2. y con Perú más de 250 mil.