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“Este requerimiento procuraba que, a través de un peritaje independiente y calificado, nacional o extranjero, se pudieran resolver las eventuales diferencias entre lo informado por el Laboratorio de Criminalística Carabineros (Labocar) y lo señalado por un perito de la Unidad de Lavado de Activos, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (Uldecco) de la Fiscalía Nacional”, señala un comunicado emitido por el Ministerio del Interior.

"La solución intermedia de no perseverar adoptada por fiscalía puede ser un remedio procesal suficiente para las anomalías fundantes de esta acusación, pero constituyen un estigma injustificado en la persona de los imputados, como cualquier ciudadano sindicado artificiosamente como autor, cómplice o encubridor de cualquier delito, ya que se han visto afectados ilegítimamente en su honra, libertad e intimidad", señaló el juez Federico Gutiérrez.

"Lo que ha ocurrido es extraordinariamente grave. Que dos instituciones que deben estar al servicio de la seguridad de los chilenos se estén acusando mutuamente de la comisión de delitos es algo que no conocíamos en nuestro país, es extraordinariamente grave y no lo vamos a tolerar ni por un solo minuto", sostuvo el mandatario electo.

"Al comenzar a revisar uno por uno, aparecen en particular ya conversaciones que estaban señaladas en todos los teléfonos del preinforme (...), pero hubo un antecedente que llamó la atención de la Fiscalía", dijo el fiscal de alta complejidad de La Araucanía, Felipe González, en referencia a la conversación de Martín Curiche, la cual no aparecieron tras las pruebas periciales.

“En virtud de que a juicio de estos defensores públicos, la juez carece de imparcialidad y concurre en ella una causal de inhabilidad, dado que ella en audiencia del día 24 de septiembre de 2017, derechamente se pronuncia respecto del fondo del asunto, señalando que estima existente el hecho, que estima concurrente la participación de los imputados y que incluso los mismos hechos podrían ser objeto de la aplicación de la Ley Antiterrorista”, señala el defensor penal mapuche Juan Pablo Alday.