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“Nosotros lo que hemos hecho, a partir del principio de que la gramática básica de la democracia son las relaciones respetuosas entre las instituciones y eso hay que preservarlo y profundizarlo, y por lo tanto hemos usado un artículo de la Constitución que es un derecho a petición a raíz de un hecho puntual en la audiencia del 9 de febrero pasado”, precisó el subsecretario del Interior.

El tribunal señaló en su decisión que “es un hecho no discutido que los antecedentes recabados en esta investigación son dubitados de lícitos y sujetos a cuestionamientos procesales que, efectivamente, y conforme la facultad privativa del Ministerio Público, le impiden fundar, por ahora, una acusación en esta etapa procesal. Conforme a ello, efectivamente la vía procesal idónea (...) es comunicar la decisión de no perseverar, toda vez que, para el hipotético caso de que los antecedentes incorporados por el ente persecutor sean ilícitos, el remedio procesal es la nulidad o ineficacia de la prueba o no otro".

El Consejo de Defensa del Estado presentó esta acción judicial en contra de Álex Smith Leay, el creador de la aplicación “Antorcha”, y contra el perito de Carabineros, Manuel Riquelme, por la presunta manipulación de las pruebas.

El vocero se refirió a las acciones legales adoptadas por el Ministerio del Interior con el fin de evitar que los delitos que se investigan en la llamada “Operación Huracán” queden en la impunidad.

El fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, fue quien ordenó la diligencia, la cual tiene que ver con una supuesta manipulación de evidencias ligadas a la investigación de la quema de camiones de la empresa Sotraser, hecho ocurrido el 28 de agosto de 2017 en la localidad de San José de la Mariquina.