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En una reunión presidida por el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, se analizaron dos informes, uno elaborado por el penalista Jorge Bofill y otro por el equipo de abogados de la fiscalía del Congreso, en los que se detallaban las eventuales respuestas a la Fiscalía.

"La forma para proceder es que se nos indique, y así lo establecen las normativas constitucionales y la ley, qué hechos quiere investigar y qué requiere, qué elementos, qué informes requiere, pero no puede pedirse al boleo todo lo que ha hecho el Senado durante seis u ocho años", precisó el presidente del Senado.

El oficio de la Cámara Alta señala que la solicitud es "absolutamente desproporcionada, excede ampliamente las facultades y potestades de quien ejerce la persecución penal que se aleja completamente de la investigación de un hecho preciso y determinado y que surge de la denuncia en referencia y que más bien pretenden dar notoriedad y relevancia pública a quien así la ordena”.

"Nadie está por sobre la ley. Acá lo que debe haber existido son interpretaciones de cómo enfrentar requerimientos de la Fiscalía", precisó Gabriel de la Fuente.

El oficio de respuesta será enviado al propio fiscal nacional y no al persecutor Manuel Guerra -quien fue el que pidió los informes-, lo cual se realizaría en las próximas horas y en ella el Senado le manifestaría al Ministerio Público la disposición para entregar información, pero que se precise la indagatoria, especificando qué es lo que se solicita, qué delitos habría detrás, qué personas involucra y bajo qué investigación se está haciendo esto.