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"Informé personalmente todo lo que habíamos realizado, y le comenté, a partir de lo hablado con Vásquez y los demás peritos, lo anormal que era haber encontrado archivos txt sin formato en algunos teléfonos", señaló el experto de la policía uniformada, Manuel Cavieres González.

“Este requerimiento procuraba que, a través de un peritaje independiente y calificado, nacional o extranjero, se pudieran resolver las eventuales diferencias entre lo informado por el Laboratorio de Criminalística Carabineros (Labocar) y lo señalado por un perito de la Unidad de Lavado de Activos, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (Uldecco) de la Fiscalía Nacional”, señala un comunicado emitido por el Ministerio del Interior.

"La solución intermedia de no perseverar adoptada por fiscalía puede ser un remedio procesal suficiente para las anomalías fundantes de esta acusación, pero constituyen un estigma injustificado en la persona de los imputados, como cualquier ciudadano sindicado artificiosamente como autor, cómplice o encubridor de cualquier delito, ya que se han visto afectados ilegítimamente en su honra, libertad e intimidad", señaló el juez Federico Gutiérrez.

“En virtud de que a juicio de estos defensores públicos, la juez carece de imparcialidad y concurre en ella una causal de inhabilidad, dado que ella en audiencia del día 24 de septiembre de 2017, derechamente se pronuncia respecto del fondo del asunto, señalando que estima existente el hecho, que estima concurrente la participación de los imputados y que incluso los mismos hechos podrían ser objeto de la aplicación de la Ley Antiterrorista”, señala el defensor penal mapuche Juan Pablo Alday.

“Otra de las aplicaciones que desarrollé fue una para determinar la ubicación de los teléfonos de determinados lugares. Esta herramienta la desarrollé para una investigación a cargo de la Fiscalía de San José de la Mariquina”, señala el ingeniero forestal y agrónomo, Álex Smith, quien elaboró el software de la “Operación Huracán”.