El máximo tribunal del país considera que aunque el medicamento no se encuentra cubierto por las Garantías Explícitas de la Salud (GES) y la denominada Ley Ricarte Soto los motivos económicos no son excusa para limitar el derecho a la salud y la vida de las personas.
Con el fallo, la ex subdirectora técnica de la institución carcelaria, Myriam Olate, no podrá tener una pensión de $5.607.000 y optaría por una de $1,5 millones mensuales, como también devolver el excedente recibido hasta la fecha, esto es, unos $150 millones.
Es extraña la fijación de Bolivia con la reclamación territorial con Chile, siendo que con Argentina ha perdido 420.758 KM2. y con Perú más de 250 mil.
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