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"Esta es la ley que necesita Chile”, dijo el entonces ex ministro de Economía de Piñera. Lo que ocultaba era que a través de esta norma se entregaría de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad de los peces del mar chileno a siete familias empresariales, entre ellas el grupo Angelini, investigado por el caso Corpesca.

Los focos están puestos en los correos electrónicos entre la ex diputada Marta Isasi y el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica. Sin embargo, la Ley de Pesca se fraguó mucho antes de ser aprobada la norma entre privados, la subsecretaría de pesca y el propio Pablo Longueira. Entre los industriales está la familia Del Rio, dueña de la pesquera Fríosur, donde está la máquina que arrienda el diputado Iván Fuentes a espaldas de los pescadores.

Los mails incluyen conversaciones sobre el debate de la ley de pesca, entrega de aportes económicos y apoyo en actividades distritales de la ex parlamentaria.

Esta semana fue presentada una petición a la Fiscalía para citar a declarar a los senadores de la UDI por eventuales pagos irregulares a asesores de Jaime Orpis.

Carolina Gazitúa declaró como imputada el pasado 10 de agosto ante la fiscal del caso Corpesca, Ximena Chong.