En concreto, la iniciativa busca elevar los niveles de probidad y transparencia, resguardando la integridad y fuente laboral del denunciante, tal como lo planteó la diputada Maya Fernández (PS), coautora de la normativa.
Es extraña la fijación de Bolivia con la reclamación territorial con Chile, siendo que con Argentina ha perdido 420.758 KM2. y con Perú más de 250 mil.