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“Una sociedad abierta y plural debe admitir, sin duda, la objeción de conciencia y dentro de ciertos límites extenderla a las instituciones; pero no debe llegar al extremo de financiar con rentas generales la actividad del objetor o permitir que el Estado, que está obligado a proveer a todos un cierto bien o un conjunto de prestaciones, delegue esa tarea en una institución a sabiendas de que ella promueve creencias que le impedirán llevarla a cabo”, plantea el académico.

“Para aquellos que actuamos políticamente desde la solidaridad y desde el fomento del rol público de los grupos sociales, la tesis de la Contraloría es inadmisible, pues supondría establecer que el desarrollo de funciones públicas solamente es posible desde el Estado”, explican los legisladores oficialista.

El motivo que llevó a una –fallida– acusación constitucional contra el ministro, Emilio Santelices, al fin vio la luz. Lo interesante es que se recogió la versión que había levantado el Gobierno de Michelle Bachelet.

La diputada del Partido Radical, Marcela Hernando, fue la encargada de interrogar a Emilio Santelices, las que se enfocaron, principalmente, en las modificaciones al protocolo de la Ley de Aborto en tres causales, pero cuyas respuestas quedaron a la espera.

"Lo que entregamos en su momento como protocolo para la objeción de conciencia consideramos que se ajusta absolutamente a la exigencia que un país maduro merece y en ese contexto lo que contiene precisamente para nosotros es el tema de la objeción con fundamento, con elementos consistentes y no a través de un representante legal", explicó la ex ministra de Salud, Carmen Castillo.