En ocasiones anteriores nos hemos referido a la casa de veraneo ilegal, que tiene el Presidente Piñera en el lago Caburgua, por la cual durante 30 años pagó a la Tesorería General de la República (TGR), conforme al avalúo fiscal determinado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), una insignificante y burlesca suma de dinero asociada solo al terreno rural en donde está emplazada la vivienda. Lo anterior porque ese inmueble no contaba con la correspondiente recepción final de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Pucón.
Después que se supiera lo anterior, unos políticos de la misma zona denunciaron en la Justicia que la casa de veraneo de Michelle Bachelet, tampoco pagaba ese impuesto territorial, asunto muy difundido por la prensa, aunque sabemos que, por el apremio del juzgado de Policía Local de Cunco, 9ª Región, la ex presidenta finalmente pagó su deuda.
Lo que han hecho ambos políticos no resiste ningún análisis y a esta fecha debemos entender que Piñera también se puso al día en su obligación tributaria y que nunca más repetirán esas malas prácticas que erosionan nuestro Estado Democrático de Derecho.
Ahora bien, recientemente Ciperchile publicó el reportaje “Ex presidente Lagos y senador Lagos Weber no pagan contribuciones por sus casas en «Caleu”, y aunque dicho reportaje no lo dice, desde el año 1997 el sector de Caleu, comuna de Til Til, provincia de Chacabuco, es parte integrante de las áreas restringidas o excluidas al desarrollo urbano definidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y en ese sector rural están vigentes las siguientes normas, copia textual:
a) Área de preservación ecológica
Artículo 8.3.1.1 PRMS
En estas áreas se permitirá el desarrollo de actividades que aseguren la permanencia de los valores naturales, restringiéndose su uso a los fines: científico, cultural, educativo, recreacional, deportivo y turístico, con las instalaciones y/o edificaciones mínimas e indispensables para su habilitación.
b) Área de interés agropecuario exclusivo
Artículo 8.3.2.1 PRMS
Corresponden a aquellas áreas con uso agropecuario, cuyo suelo y capacidad de uso agrícola debe ser preservado. En estas áreas, en conjunto con las actividades agropecuarias, se podrá autorizar la instalación de agroindustrias que procesen productos frescos, previo informe favorable de los organismos, instituciones y servicios que corresponda.
Según Ciperchile la casa de placer de Lagos padre en un terreno agrícola de 5,85 hectáreas, fue construida en el año 1991, luego antes de la puesta en marcha en 1994 del PRMS, aunque esta vivienda no se podía edificar conforme al mandato del artículo 55º de la ley respectiva pues no era la del fueño de una explotación agrícola. En todo caso siempre fue exigible la recepción final, la que nunca se obtuvo, igual olvido cometido por su hijo senador.
El SII catastra para establecer el avalúo fiscal y dicho impuesto, para este tipo de inmuebles, solo los que le son informados por las municipalidades y los conservadores de bienes raíces y si no tienen recepción final, en la práctica son viviendas clandestinas.
Todos sabemos que quien cobra los impuestos territoriales es la TGR con los datos que le entrega el SII y si este no tiene la información respectiva, la TGR no puede cursar dichos cobros a sabiendas que hoy en día existe una prescripción de las deudas, con la cual se puede cobrar con efecto retroactivo solo por los últimos 3 años y como un cierto porcentaje de deudores lo son por 25 o 30 años y más, lo más sano y justo para todos, para terminar definitivamente con estos «errores» que cometen algunos, es que no exista esa prescripción o por lo menos que considere un plazo muy extenso, por ejemplo 40 años.
Quien firma esta columna propone al gobierno que el cobro debiera hacerse por todo el período en que no se pagó el impuesto, más una ejemplificadora multa y que exista una fiscalización de verdad para detectar a quienes no cumplen con todos sus deberes ante las Direcciones de Obras Municipales.
Si la Subdirección de Avaluaciones del SII toma el toro por las astas, nunca más la prensa estará denunciando este tipo de “inadvertencias” presidenciales, ya que sería más barato obtener oportunamente los certificados de recepción de obras y pagar religiosamente a la TGR año tras año ese «fastidioso» impuesto.
