El diputado Republicano, Luis Fernando Sánchez, denunció la existencia de un “perdonazo de facto” que beneficiaría al Partido Comunista (PC) en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Tras cruzar antecedentes de transparencia y datos de la Tesorería General de la República (TGR), el parlamentario reveló que la colectividad adeuda una cifra superior a los $71.300.000 por concepto de contribuciones de bienes raíces.
Sánchez dijo que el hecho de que el PC mantenga este nivel de morosidad es una señal de absoluta “arrogancia política” y una falta de ética administrativa.
“Estamos hablando de una deuda de decenas de millones de pesos que se arrastra por años sin que el Estado mueva un dedo para cobrarles como lo hace con cualquier chileno de a pie”, explico.
El problema afecta directamente a inmuebles estratégicos y según el reporte verificado, la sede central de Vicuña Mackenna acumula una mora de $17.649.436, mientras que el Instituto ICAL- centro de pensamiento que ha servido de base para altas autoridades del actual Gobierno- registra deudas por $18.636.473.
A lo anterior se suma la Casa Museo Delia del Carril, en la comuna de La Reina, que lidera la lista de morosidad con $27.526.959 y la Radio Nuevo Mundo, cuyo inmueble adeuda $7.487.833.
El parlamentario remitirá un oficio de fiscalización a la Tesorería General de la República para exigir que se aplique la normativa vigente de cobranza judicial sin distinciones de carácter político.
Recordó que cualquier propiedad con más de dos años de contribuciones impagas, de acuerdo a la normativa actual, es susceptible de embargo y posterior remate, procedimiento que el parlamentario exige iniciar de inmediato sobre los bienes del PC para garantizar la igualdad ante la ley.
“No estoy pidiendo nada extraordinario, solo estoy exigiendo que se aplique la misma vara para todos. La ley no puede tener color político ni puede detenerse en la puerta de un partido oficialista. Si un vecino común enfrenta el remate de su casa por una deuda menor, las sedes del Partido Comunista deben ser tratadas bajo los mismos criterios legales y salir a remate si no se ponen al día”, enfatizó.
Advirtió que esta “falta de cumplimiento tributario por parte de una fuerza política daña profundamente la probidad pública”.
El parlamentario dijo que dichos fondos deberían estar financiando urgencias nacionales en salud, vivienda y seguridad.
Adelantó que monitoreará semanalmente las acciones de la Tesorería y, de persistir inacción, solicitará instancias de fiscalización superior en la Cámara de Diputados para investigar posibles omisiones administrativas en la gestión del cobro.