La Justicia chilena decretó este martes (16,04,2019) arresto domiciliario en contra del exfabricante de armas Carlos Cardoen, por el que Estados Unidos ha solicitado su detención con fines de extradición, reseña agencias internacionales como AFP, DW, EFE.

El juez especial de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz, fue el que ordenó el arresto. Fue él también quien decidió que se levante el secreto de la investigación contra el actual empresario, mientras se resuelve la solicitud realizada por el Departamento de Justicia de EE. UU.

Además, el juez Aránguiz dio dos meses de plazo para que Estados Unidos formalice su solicitud en contra del chileno, quien tiene sobre su persona una alerta roja en Interpol desde 1993.

Según la justicia estadounidense el acusado, quien vivía en Miami en aquella época, exportó a Chile 130 toneladas de circonio que iban a ser utilizadas supuestamente para fabricar explosivos para faenas mineras.

Pero el verdadero destino de ese material habría sido la fabricación de bombas de racimo en el país sudamericano que Cardoen vendió a Irak entre 1984 y 1988, cuando ese país se hallaba en guerra con Irán, en una operación que violó las leyes de exportación de Estados Unidos.

Reacción de la defensa

Mediante una declaración pública, los abogados de Cardoen informaron que han tomado «conocimiento de la resolución, respecto de la solicitud de detención con miras a la extradición presentada el 21 de marzo pasado».

En opinión de los abogados defensores «este era un escenario previsible ya que el procedimiento aplicable es el antiguo sistema procesal penal», señala el comunicado, firmado por Joanna Heskia, Marcia González y Juan Pablo Olmedo.
Cardoen, de 76 años, afirmó en una última entrevista con un medio local a fines de marzo pasado que la venta de armas a Irak desde 1984 -gobernado en ese entonces por Sadam Husein- se produjo bajo conocimiento y autorización de las autoridades estadounidenses, a quienes acusó de utilizarlo como «chivo expiatorio».
«Tengo la más absoluta confianza en el sistema judicial chileno, por eso estoy tranquilo; soy inocente», afirmó en la entrevista al canal de televisión Mega.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile confirmó el pasado 26 de marzo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición de Cardoen por presunta exportación ilegal de mineral estratégico.

Saddam y las bombas de racimo

El empresario chileno, que ha desarrollado inversiones en los sectores metalúrgico, químico, agroindustrial y turístico, fue acusado por Washington de haber vendido 29.000 bombas de racimo a Irak por 200 millones de dólares.

En ese entonces, Industrias Cardoen se convirtió en uno de los principales proveedores de bombas de racimo del régimen de Saddam Hussein en Irak.

El giro ocurrió cuando Hussein invadió Kuwait (1990), y el entonces líder iraquí pasó a ser un indeseable para el Gobierno estadounidense. Entonces acusó a Cardoen de contrabando.

El chileno fue además uno de los principales abastecedores de armas del mercado interno durante el período en que Estados Unidos impuso la enmienda Kennedy, que impidió la venta de armas a Chile durante casi 20 años a raíz de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura (1973-1990).

En 1986, y tras una explosión en la fábrica de bombas de racimo que el empresario tenía en la ciudad norteña de Iquique, donde murieron 29 trabajadores, cerró esta planta y la trasladó a Irak, donde la abandonó durante la Guerra del Golfo.

Cardoen desarrolló su industria de armamentos gracias a contratos con las fuerzas armadas chilenas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) cuando parecían inminentes guerras con Argentina y Perú, gobernadas entonces también por militares.

El circonio para sus bombas de racimo se lo vendía la empresa estadounidense Teledyne. La justicia estadounidense inició un proceso judicial por esta transacción en 1995, y dos funcionarios de la firma fueron enjuiciados; uno resultó absuelto y el otro encarcelado. En tanto, Teledyne pagó alrededor de 13 millones de dólares para evitar el juicio.