Más allá de que las estadísticas indiquen que efectivamente la mayoría de las empresas, a un año de la ley, han cumplido con emplear al menos un 1% de personas en situación de discapacidad o han contribuido a proyectos o realizado donaciones, el éxito de esta política depende de cuanto la ley pueda ser capaz de promover un cambio en las concepciones sobre la discapacidad que existen en Chile. Si bien desde las políticas públicas ha habido cambios significativos en considerar los derechos de las personas en situación de discapacidad, este cambio aún no tiene el suficiente impacto en las prácticas cotidianas de las personas.

En una sociedad donde productividad es igual a sujeto productivo y sujeto productivo es igual a sujeto promedio, “normal”, la inclusión laboral puede atravesar algunos problemas, en la medida en que la persona en situación de discapacidad, bajo este estándar, es igual a sujeto “dependiente”, “de pocas capacidades” y, por ende, “ineficiente”. Si bien las medidas que se toman tendrán -a mediano y largo plazo- un impacto positivo al generar cierta estabilidad económica para los que ingresan al mercado laboral, estas son insuficientes en un contexto de inclusión real.

Para el éxito de la inclusión laboral es necesario dejar de pensar a estas personas como una carga o problema que antes era de las familias y que ahora lo es también de las empresas. Esta visión, anclada en un modelo médico y asistencialista tenderá a favorecer prácticas evasivas y alternativas, antes que la inclusión real en el empleo, la conciliación, el trabajo en equipo y la adaptación de los puestos de trabajo, porque el mercado está acostumbrado a que sean las personas las que se adapten a sus condiciones, no al contrario.

Si la inclusión laboral parte de la obligatoriedad, debiéramos aspirar a que este proyecto genere la convicción de que el límite a las personas lo pone la sociedad y que todos somos responsables de construir una sociedad más accesible. Ofrezcamos empleo no sólo por el mero cumplimiento de la ley y/o “hacer la caridad” porque en la caridad se instala la precariedad y la injusticia.

Aunque los resultados dan cuenta de que más del 80% de las empresas llamadas por la ley, han cumplido con la responsabilidad, aún queda por conocer las condiciones de empleo y remuneración, así como evaluar cómo se sienten estas personas con el proceso. Ello podría arrojar luz sobre qué concepciones sobre discapacidad están primando.

La discapacidad no la define la empresa, sino las personas que hacen la empresa, los reclutadores, el personal de recursos humanos, los directivos y los compañeros de trabajo. A todos ellos, debemos concientizar cada vez más sobre lo que implica la inclusión social; sobre las definiciones más actuales de la discapacidad y sobre derechos humanos.

Los abundantes emprendimientos desarrollados por personas en situación de discapacidad en Chile son ejemplo de proyectos que tienen a su base el respeto al otro y la valoración de su trabajo. Más que cifras cuantitativas, debemos mostrar el aporte que cada uno hace a su entorno y a la sociedad.