Los últimos hechos conocidos sobre los abusos sexuales cometidos por curas y ahora en la propia Catedral de Santiago han encendido aún más la indignación contra la cúpula de la Iglesia Católica chilena, ya que es la coronación de una historia de escándalos que por décadas los conspicuos obispos y curas ocultaron usando la presión del “poder de Dios” y su inmejorable posición al estar vinculados con la élite nacional.
Así las cosas, el capítulo de la Biblia sobre Sodoma y Gomorra (Libro del Génesis 19 1-29) queda chico al lado de lo ocurrido en la Iglesia chilena, donde curas vinculados al más alto del poder y de la élite criolla –como los curas Karadima o Joannon- ya que muchos de ellos (curas y obispos) provenían de ese segmento, haciendo realidad el viejo dicho popular “si un hijo salía tonto a las FFAA y si salía homosexual lo hacían cura”. Una triste y lamentable realidad que ha logrado socavar la fe de la gente y también quebrantar la férrea fe de los grupos de poder de donde justamente provienen la mayoría de los sacerdotes y “príncipes” de la iglesia descubiertos.
A pesar de las evidencias y de las cientos de denuncias y de los llamados del propio gobierno cuando el pasado 6 de marzo, a través de la ministra Vocera, Cecilia Pérez señaló “Esperamos que el Papa encuentre a la mejor persona para asumir la responsabilidad como arzobispo de Santiago”, nada hace remecer a la alta curia chilena comandada por el cardenal Ricardo Ezzati que se mantiene aferrado a su poder aunque ello siga dañando a la Iglesia.
La Tercera en su edición del sábado 9 de marzo publicó una nota en la consultó a las 27 diócesis del país, incluyendo al obispado castrense, sobre las investigaciones sobre abusos cometidos por sacerdotes y religiosos. Como resultado de esas indagatorias, en los últimos cinco años han sido condenados canónicamente 21 sacerdotes. Además –sostiene- existen al menos 40 investigaciones eclesiásticas en curso, ya sea en su fase previa, a la espera de la resolución que se tome en Roma o que tienen un proceso penal vigente.
Según e medio hasta ahora –según la información proporcionada por la propia Iglesia- son 21 los curas con algún tipo de sanción, en su mayoría la dimisión del estado clerical.
En agosto pasado, la Conferencia Episcopal (CECH) también actualizó un catastro público que revela los nombres de los religiosos culpables de abuso sexual a menores, tanto de la justicia civil como canónica. En esta última se contabilizaron, incluyendo a las congregaciones, 25 sacerdotes.
En paralelo, el Ministerio Público también ha elaborado su propio catastro con las investigaciones penales vigentes contra miembros del clero. Hasta fines de 2018, según el registro de la Fiscalía Nacional había 148 investigaciones vigentes, mientras que las personas investigadas ascendían a 202 y las víctimas a 255, de las cuales 110 correspondían a niños, niñas y adolescentes.
Los investigados
Hasta 2018, las denuncias por abusos o encubrimientos son contra 116 sacerdotes diocesanos, le siguen 14 Salesianos y 13 Hermanos Maristas.
Los obispos investigados por la Fiscalía son Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago, Luis Infanti Della Mora, vicario apostólico de Aysén, Alejandro Goic Karmelic, obispo emérito de Rancagua, Carlos Pellegrín, obispo emérito de Chillán, Cristián Contreras Molina, obispo emérito de San Felipe, Francisco Cox Huneeus, ex arzobispo de La Serena, Juan Barros, obispo emérito de Osorno, y Marco Órdenes Fernández, obispo emérito de Iquique.
Y el cura Enrique Leiva Rojas de Talca, con 90 años, es el más viejo bajo investigación por abusos, lo que evidencia que estas prácticas llevan décadas dentro de la iglesia chilena y que por años fueron encubiertas bajo las permisivas sotanas.