En el actual contexto de crisis de los recursos pesqueros, pérdida de biodiversidad marina y amenaza latente del cambio climático, la organización de conservación WWF Chile llamó a mantener y profundizar los aspectos de sustentabilidad presentes en la actual Ley 20.657 (Ley de Pesca), garantizando un proceso transparente y participativo.
Así lo enfatizó Valesca Montes, coordinadora del Programa de Pesquerías Sustentables de esta ONG, con motivo de la revisión de esta normativa por parte de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados previa a su discusión en Sala, luego de que la Comisión de Constitución aprobara la nulidad de la Ley de Pesca.
“Entre las propuestas que entregamos durante las últimas presidenciales se encontraba justamente la necesidad de tener una ley que contara con la legitimidad y credibilidad de todos los actores involucrados en las pesquerías, manteniendo o perfeccionando los aspectos de sustentabilidad y los criterios técnicos y científicos que fueron incorporados en la ley que rige desde 2013”, explica la profesional, enfatizando que ante la evidente sobreexplotación de los recursos es clave también reducir el esfuerzo de pesca, una medida base que han implementado países como Nueva Zelanda y Estados Unidos con el fin de empujar procesos de recuperación de sus pesquerías.
“Esto cobra mucho sentido en la situación actual, en donde por una amplísima mayoría la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó anular la Ley de Pesca, lo cual nos parece que va en la dirección correcta siempre y cuando la nueva propuesta legal que se genere, en caso de llegar a la anulación, no pierda de vista aspectos como la conservación y uso sostenible de los recursos hidrobiológicos”, agrega Valesca Montes.
Según precisa, herramientas como el principio precautorio y el enfoque ecosistémico –entendido en forma integral, en la línea de la FAO-, la implementación de comités científicos técnicos e indicadores del estado de los stocks, tales como puntos biológicos de referencia (PBRs), son imprescindibles para avanzar en la recuperación de las pesquerías nacionales.
Asimismo, junto con las capacidades técnicas y humanas, es necesario asegurar un financiamiento adecuado que permita una correcta implementación de la ley. Además, las decisiones deben estar basadas en criterios científicos, considerando además la experiencia de los usuarios de las pesquerías, con una institución fortalecida que permita el desarrollo de investigación e innovación pesquera y que los recursos destinados a esto dejen de obedecer a las prioridades que cada Gobierno tenga. Esto se engarza con la necesidad de una visión de Estado que impulse una política transversal que sensibilice también a la ciudadanía sobre las problemáticas de nuestro océano y el consumo responsable de productos del mar.
