En la revista Sábado, del pasado 15 de diciembre de 2018 se publicó una entrevista al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, en la cual, con algunas preguntas interesadas, se intentó sin éxito hacerle una encerrona, pues muchos en este país desean que él renuncie a su cargo y por lo tanto que vuelva a sus actividades académicas en la ciudad de Valparaíso. Lo anterior, debido a que Bermúdez se ha tomado muy en serio su rol de fiscalizador de los actos administrativos de los servicios públicos sometidos a su control, lo que es un escollo para los abusadores de los mercados.
Unos cuantos grupos fácticos que promueven dentro de sus sectores las prácticas corporativas e incluso, sorpréndase amable lector, ciertos funcionarios de alto nivel del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), también han dicho que el contralor “se ha excedido en sus atribuciones” (sic) porque ha exigido en sus distintos dictámenes el apego irrestricto a la ley. Lo fustigan diciendo que sus interpretaciones de los cuerpos normativos se apartan de la “sana” doctrina jurídica y que no hay un debido proceso en el análisis de los casos que le llegan como denuncias.
En dicha entrevista el contralor cometió el desaguisado de afirmar “Todos los días pienso en renunciar”, expresión asaz irreflexiva que ese diario quería que dijera para ir preparando el ambiente en el recambio, pues aquellos actores privados del mercado acostumbrados a hacer lo que desean, no soportan que una autoridad de alto nivel, que hace su tarea conforme a su propia ley orgánica constitucional, se inmiscuya en las materias que ellos desean tratar solo con las municipalidades.
Esta gente, situada en la cúspide del poder económico, con total impudicia, ha llegado a decir en medios de prensa que la Contraloría invade las atribuciones de los servicios de la Administración del Estado que tienen tuición sobre los Directores de Obras Municipales (DOM), desconociendo el mandato que le entrega la Ley Nº 10.336 a la Contraloría.
En rigor, los dirigentes de las asociaciones gremiales empresariales saben muy bien que la Contraloría tiene el irrenunciable deber de fiscalizar, pero como ellos son temerarios, por no decir descarados, en sus intervenciones comunicacionales expresan sandeces, estimando que la opinión pública es cándida y que, por su desconocimiento de las leyes, les cree. Hace años alguien, experto en propaganda de masas, decía “miente, miente que siempre algo queda” y está claro que esos voceros de empresas, copian al pie de la letra, ese mendaz discurso.
Tan fuerte ha calado esa arenga, que hasta el ingenuo Minvu ha decidido modificar las reglas del juego, a través del envío al Congreso Nacional de un proyecto de Ley, para darle “certeza jurídica” a los permisos de edificación, ello a pesar de que esa necesaria certeza se obtiene fácilmente si los proyectos inmobiliarios respetan, por un lado, la Ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (LGUC-OGUC) y por otro lado, todas las disposiciones de los Planes Reguladores Intercomunales y Comunales.
El ministro Monckeberg ha anunciado con mucha parafernalia que esta iniciativa es para la «Protección de la Legalidad Urbanística y Revisión de Actos Urbanísticos», ello porque tanto la Corte Suprema como la Contraloría han estado ejerciendo sus facultades, lo que ha incomodado sobremanera a la poderosa e influyente industria de la construcción.
La Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), institución privada cuyos dirigentes se eligen cada 2 años, mediante el voto censitario, siempre se ha relacionado directamente con aquellos políticos que utilizan el sillón presidencial, motivo por el cual sus deseos constantemente son órdenes que se deben cumplir a pies juntillas. Hay otras asociaciones gremiales de menor rango, tales como el Colegio de Arquitectos de Chile, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, unas Asociaciones de Arquitectos Revisores, etc. que comparten las directrices de la más pechugona.
Para justificar el cambio en la legalidad, se argumenta frívolamente que “no existe el mismo criterio entre la Seremi de Vivienda, el municipio y la Contraloría” para establecer si un permiso de edificación está bien o mal cursado. Ese ministerio sabe, como también lo saben todos los relacionados con el tema, que la última palabra la tiene la Contraloría, pero había que buscar algún resquicio para quitarle potestades al ente fiscalizador.
A raíz del dictamen Nº 27.918 del 12 de noviembre de 2018 de la Contraloría, que ratificó otros 2 anteriores de diciembre de 2017, en orden a que todos los guetos verticales, con agrupamiento continuo, en la comuna de Estación Central, son contrarios a derecho, la fundación Defendamos la Ciudad y organizaciones de la sociedad civil se vieron en la necesidad de interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del alcalde y la DOM de Estación Central, ya que ambos no paralizaron en el plazo fijado en ese dictamen las faenas de los proyectos ilegales y además no iniciaban las invalidaciones de los permisos mal otorgados.
Por este episodio el destacado arquitecto Miguel Lawner, fustigó al presidente del Colegio de Arquitectos de Chile por alinearse esa orden profesional, como simple comparsa, con los intereses mercantiles de la industria de la construcción, lo que mereció una respuesta pública del aludido, expresando éste que el problema se origina «por falta de claridad jurídica en los permisos de edificación». Le contestamos a él que ello no es así, pues si los solicitantes de esos permisos se apegaran a las leyes nadie chistaría y visualizamos que esa orden profesional actúa como una especie de socorros mutuos.
Últimamente hemos tomado conocimiento que 6 inmobiliarias recurrieron ante la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando a sus magistrados que no se cumpla el dictamen de la Contraloría y en este caso, que consideramos fantasmagórico, debemos tener presente que en pedir no ha engaño. Para no darles ventajas a esas empresas, con el competente Estudio Jurídico Osorio Vargas, las mismas organizaciones ciudadanas acaban de presentar 6 recursos en contra de las pretensiones de esos actores comerciales. Entonces se concluye que será la Corte Suprema la que deberá impartir justicia, esperando que corrobore el correcto dictamen de la Contraloría.
Si queremos atacar de verdad el flagelo de la corrupción, desde esta tribuna instamos al contralor Bermúdez para que nunca más repita que desea renunciar a su cargo y que tenga cuidado con quienes desean entrevistarlo. No se debe amedrentar y tiene que cumplir obligatoriamente su período de 8 años porque los valientes no retroceden a la mitad del camino.
