Por estos días el tema migratorio se ha vuelto a poner sobre la mesa a propósito de negativa del gobierno para ratificar el Pacto sobre migraciones acordado recientemente en Marrakech que busca mejorar la gobernabilidad sobre las migraciones y afrontar los desafíos que ella implica. Es lamentable, no sólo porque la decisión es equivocada desde la mirada de las Relaciones Internacionales, sino por los argumentos que se esgrimen para explicar la negativa son también erróneos. Para comprender mejor el escenario, es preciso entregar algunos elementos de contexto.
Desde los años 90 a la fecha, Chile se ha convertido en destino migratorio latinoamericano junto a Brasil y desde el 2010 los flujos migratorios experimentaron una aceleración y cambios en su composición de nuevos grupos nacionales, como haitianos, cubanos y venezolanos. Este hecho es novedoso en términos históricos porque nuestro país no había sido destino de las migraciones internacionales, por lo menos en la magnitud de lo que fue Brasil, Argentina o Uruguay a fines del siglo XIX y entrado el siglo XX. Sin embargo, al mirar la historia regional sabemos que en Tarapacá la presencia de extranjeros fronterizos siempre ha sido mayor que la media nacional y por sobre otros grupos más conocidos como europeos y asiáticos. Desde este punto de vista, para los tarapaqueños la migración no es un hecho nuevo, sino parte constitutiva de su configuración.
Por su parte los datos a nivel global señalan que la proporción de extranjeros en Chile, de un 4,35%, es una cifra bastante discreta si la comparamos con los demás países del OCDE donde los valores sobrepasan el 10% del total de la población. Asimismo, distintos informes de Naciones Unidas advierten que los flujos migratorios seguirán creciendo, por la violencia, la inseguridad, las crisis económicas y las guerras en distintas latitudes. Por tanto, se trata de un fenómeno dinámico que puede convertir a un país de emigrante a inmigrante en poco tiempo, como ocurrió con España desde los años 90 o Chile que se perfila como destino migratorio al pasar de más de 800 mil chilenos en el exterior a poco más de 700 extranjeros hoy. De hecho, Chile es un país de emigrantes, de acuerdo a estos los datos.
En este contexto, el Pacto sobre Migraciones busca establecer unos mínimos que resguarden la seguridad de quienes buscan, en muchas ocasiones de manera desesperada, seguridad y bienestar, ni más ni menos. Por tanto, afirmar que el Pacto busca socavar la soberanía o favorecer la migración irregular, es hacer uso político de su contenido para cambiar el tema agenda hacia algo que “no dice, no insinúa ni pretende”, de acuerdo a palabras de Rodrigo Sandoval, ex director del Departamento de Extranjería. Así el 18 de diciembre, día en que se conmemora el día del migrante, es una buena ocasión para preguntarnos por nosotros mismos como sociedad receptora, si estamos o no a la altura de lo que lo que creemos ser, un país desarrollado y democrático que respeta y promueve los derechos humanos.
