Argumentando la existencia de “profundas diferencias” en distintos aspecto del Pacto Migratorio que impulsa la ONU, el gobierno de Sebastián Piñera decidió no asistir a la cita que se realizará en Marruecos, alineándose de esta forma a la posición de Estados Unidos de no suscribir el acuerdo mundial.

En un documento que da a conocer este domingo El Mercurio, el cual fue elaborado por la subsecretaría del Interior, en el que se explica la posición del gobierno, teniendo reparos en al menos cinco de los 23 objetivos que posee el “Pacto Mundial para una Migración ordenada, segura y regular”.

Uno de sus puntos indica que “no se aprecia diferencia entre migración regular e irregular: Este es un tema que Chile considera muy complejo, debido a que equipara dos realidades diferentes, la del migrante que cumple con toda la legislación del país de destino y reside en él en regla, con aquellos que no lo hacen o no lo han hecho. Creemos, firmemente que los accesos y libertades de circulación de uno y otro o pueden ser semejantes”.

También señala que sobre la “reunificación familia: Chile respeta la reunificación familiar de los migrantes regulares que habiten en el país, tal y como está establecido en convenciones internacional que ha ratificado y que se encuentran vigentes. El Pacto Mundial no realiza distinción entre regular e irregular con respecto a la reunificación familiar y nuestro país cree, firmemente, que ésta debe ser limitada a los migrantes regulares”.

El tercer punto de reparo del gobierno es sobre “Inmigrar no es un derecho humano: La política migratoria del Presidente Piñera cree en los derechos humanos de los migrantes, en su respeto y garantía, pero no considera la existencia de un derecho humano a migrar. Esta cuestión fundamental en la reforma migratoria chilena no se expresa en el pacto y preocupa la ambigüedad en el contenido del mismo sobre este punto”.

El cuarto tema discrepante es la “Flexibilidad de los visados: Si bien la migración regular y la flexibilidad de los visados es un objetivo compartido por nuestro país, Chile cree en el equilibrio entre el legítimo derecho del Estado y sus ciudadanos de normar la forma en que los extranjeros ingresan y permanecen en el país, con el respeto y garantía de los derechos fundamentales de los migrantes y la mitigación de los riesgos asociados con el movimiento de personas, para así reducir la migración irregular y reprimir las actividades transfronterizas ilícitas”.

El documento agrega en ese sentido que “la redacción de este objetivo, en el Pacto, solo establecer acciones relativas a la movilidad laboral basadas en los derechos del migrante y no plantea, en ningún caso, el derecho de los Estado para regular la forma en que se accede a la regularidad, por lo que se rompe todo equilibrio”.

Otro punto discrepante es la “Asistencia y proyección de vulnerabilidad en los países de origen: Al establecer que los Estados deben responder con asistencia y protección a la circunstancias de vulnerabilidad en los países de origen, tránsito y destino, incluso ante las corrientes migratorias mixtas, hay un enfrentamiento directo con nuestra política migratoria nacional, pues se crea un estatuto intermedio entre la migración ordinaria y el refugio. Esto es inaceptable, ya que no permite examinar la admisibilidad ni rechazar al migrante ‘humanitario’, lo que en la práctica significa establecer el derecho a migrar y una confusión absoluta de las necesidades de protección internacional de los refugiados con la realidad de los migrantes de otra naturaleza”.

En cuanto al “Apoyo financiero y jurídico a migrantes retornados: Establece una nueva definición del principio de no devolución, con la que la política migratoria de Chile defiere profundamente. Primero, el principio de no devolución no puede verse ajeno a la institución del refugio. Este es un Pacto de Migraciones y se establece claramente la diferencia entre el migrante y el refugiado en el preámbulo, por lo que resulta incoherente la definición establecida en este objetivo. Para Chile, ésta es una institución que cuando se ve separada del refugio, extiende, sin ninguna limitación la protección del refugiado a cualquier persona”.

Además, el informe del gobierno señala que la experiencia chilena demuestra que el mayor problema de los migrantes para volver a sus países es de origen económico, añadiendo que ante esta realidad “el gobierno chileno diseñó el Programa de Retorno Humanitario asistido que ya han utilizado más de 300 personas en el último mes”.

Ubilla: “Migrar no es un derecho humano”

En tanto, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, plantea que el pacto busca establecer procedimiento accesibles y expeditivos que faciliten la transición del estatus irregular al regular, punto que “está absolutamente en contra de la política migratoria de nuestro gobierno. Nuestro criterio siempre ha sido que permitir el cambio de estatus migratorio dentro del país de destino incentiva la irregularidad y atenta contra la seguridad migratoria”.

“Cuando hablamos de migración regular y ordenada, estamos diciendo ‘bienvenidos los migrantes que cumplen con los requisitos’ que la normativa establece para que trabajen o estudien en Chile. SI se es ambiguo entre la regularidad e irregularidad, entonces estamos diciendo que da lo mismo llegar en una condición u otra. Eso no puede ser”, señala.

En ese sentido, expresa tajantemente que “nuestra posición es clara. Nosotros decimos que la migración no es un derecho humano. El derecho lo tienen los países de definir las condiciones de ingreso de los ciudadanos extranjeros. SI fuera un derecho humanos, entonces estamos en un mundo sin fronteras. Creemos firmemente en los derechos humanos de los migrantes, pero no que migrar sea un derecho humano”.